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La Solicitud de Poderes de Voto, Autorizaciones y Consentimientos. Derecho de los Accionistas de las Empresas Públicas

Por:

Carlos A. Barsallo P. (*)

Comisionado Presidente

Comisión Nacional de Valores

 

En Panamá existen 30 empresas que son compañías públicas, es decir cotizan sus acciones en la bolsa de valores. Estas empresas se supone tienen una capitalización de mercado de US$2 mil 749 millones de dólares lo que representa el 27% del producto interno bruto del país, destacándose éstos números en Centroamerica y el Caribe. Cualquier persona que desee adquirir acciones en estas compañías debe poder hacerlo y es del interés del país que esto sea posible y que su número aumente.

El manejo de la empresa pública no es fácil, ni barato, ya que representa toda una logística administrativa de relaciones con los accionistas. Algunas empresas, como fue el caso de AT&T, pueden llegar a tener más de 1,300 millones de acciones comunes en manos de 2.400.000 millones de accionistas. En Panamá algunas empresas pueden tener cientos de accionistas y unas, muy pocas, miles.

En los países con mercados avanzados, la mayoría de los accionistas, los dueños, toman las decisiones o votan por proxy o poder, que no es más que una especie de volante de votación en ausencia que reciben justo antes de la asamblea anual. Obviamente tienen la opción de asistir personalmente y votar en persona.

Lo que recibe el accionista por correo incluye un proxy statement. Es un documento legalista que presenta información de los cambios planeados en la administración de la compañía que requieren la aprobación de los accionistas. Por ley, debe incluir las propuestas de los accionistas, aun si las mismas son contrarias a la política de la compañía. Se identifican las personas nominadas para la junta directiva (quienes son y quien los nomina) y se listan los accionistas mayoritarios. Se requiere que se establezca un cuadro con la compensación total de los 5 principales ejecutivos y se debe reportar sobre el comportamiento de las acciones en relación con compañías de la misma industria. Los accionistas pueden apoyar las propuestas de los directores, votar en contra o abstenerse.

Por años la administración tradicional de las empresas asumió el apoyo incondicional de los accionistas. Hoy en día, se observa una creciente participación de inversionistas institucionales (fondos de pensiones, sociedades de inversión, compañías de seguros etc.), en un rol de accionistas minoritarios, pero que tienen una sofisticación y conocimiento de la materia superior al inversionista promedio, lo que ha hecho evidente para las administraciones que se debe escuchar cuidadosamente a todos los accionistas por igual.

El mercado panameño se encuentra dominado por inversionistas nacionales y la práctica común es que estas empresas tienen sus reuniones anuales de accionistas físicamente en un local de la ciudad de Panamá. Generalmente, en el mes de marzo las compañías públicas celebran asambleas de accionistas. En estas asambleas entre los temas a tratar están la aprobación de los estados financieros anuales y en ocasiones la elección de directores. A dicha reunión tienen derecho a asistir los accionistas con derecho a voto, y de no poder o querer asistir, el accionista tiene derecho a hacerse representar por mandatario.

Existe una tendencia mundial o universal a la apatía por parte de los accionistas minoritarios quienes consideran que su presencia o participación en las reuniones se vuelve irrelevante ya que las decisiones están previamente acordadas por la mayoría. En gran parte de las empresas públicas panameñas, la mayoría controladora se encuentra en manos de unas pocas personas, generalmente miembros de una misma familia o grupo familiar.

Todo accionista debe tener el derecho a ser informado sobre la celebración de la reunión, a conocer los temas concretos que se van a tratar, a recibir toda la documentación que le permita tomar una decisión, a hacer propuestas, inclusive contrarias a las de la administración y a cuestionar a la administración.

En el derecho panameño los artículos 91 a 93 del Decreto Ley 1 de 1999 reconocen la figura del proxy. La figura fue desarrollada mediante los Acuerdos 5-00 y 16-00 dictados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estos acuerdos fueron declarados inconstitucionales por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de mayo de 2002 producto de la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por Ricardo Alberto Arias dentro de investigación, ordenada mediante Resolución No.112-01 de 16 de abril de 2001, que llevaba a cabo la CNV ante quejas por posible violaciones a los acuerdos sobre solicitud de poderes voto.

El caso cobró inusual e inevitable notoriedad por involucrar el control de la directiva de un conocido medio de comunicación escrito (LA PRENSA) cuya base accionaria se encuentra-de forma digna de imitar-bastante diluida, es decir, en manos de un número plural de accionistas.

En el fondo se trataba de un caso que es extremadamente común en otras latitudes. No obstante en Panamá, las partes involucradas y la novedad del tema en nuestro incipiente mercado, tuvieron una incidencia innegable. Estos hechos extra jurídicos tuvieron, en mi opinión, un efecto importante en el desenlace del caso.

Hoy día, a raíz de lo anterior -coyuntural e intranscendente a nivel macro-, no hay en Panamá regulación desarrollada sobre las solicitudes de poderes de voto. La investigación concreta que se intentó efectuar terminó sin resultado (Resolución No.277-02 de 9 de julio de 2002) ya que la norma en la que se basaba fue declarada inconstitucional.

Un accionista de empresa pública panameña no tiene hoy día ningún derecho con relación a este tema, ni a hacer propuestas para someter a votación en una asamblea, ni a formular solicitudes de poderes de voto ya que no existe desarrollo de la norma legal que así lo contempla. Esto aleja la posibilidad de inversión internacional ya que es lógico suponer, que un inversionista internacional no querrá invertir en una empresa pública en un país donde no se asegure debidamente su derecho a la información y a la debida participación en la toma de decisiones de su empresa.

Como solución parcial, y forzada por las circunstancias en este tema, se ha solicitado al Órgano Ejecutivo que dicte el Decreto Ejecutivo reglamentario sobre esta materia. Lo anterior dado que la razón de la inconstitucionalidad de los acuerdos citados residía en un aspecto ajeno al tema de las solicitudes de poderes de voto. El problema residía en la facultad reglamentaria de la CNV. Este es un problema de vieja data y que amerita atención en eventuales reformas constitucionales, para generar mayor certeza de la actuación de los nuevos entes reguladores.

La solución parcial y temporal puede estar en la expedición de un decreto ejecutivo, como lo ha solicitado la CNV. No obstante, y como lo ha demostrado el caso que nos ocupa, tenemos que entender que no todo depende de las normas legales. Mucho depende de la voluntad de cambio y transparencia y la visión de futuro de las empresas públicas panameñas con relación a sus accionistas.

Hay que fomentar la participación y transparencia, no por razones meramente utópicas o moralistas. Está ampliamente comprobado que estas actitudes constituyen un muy buen negocio.

 

(*) Las posiciones reflejadas en este artículo son personales y no representan la posición oficial de la CNV ni del personal que en ella labora.

 

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