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OCDE y el Intercambio de
Información Tributaria: Comentarios

Por:

Mgtr. Indira Figueroa

indira@iprosperonline.com

 

Recientemente el gobierno Panameño, a instancias de la OCDE firmó una carta intención que compromete a Panamá a llevar a cabo reformas a su legislación tendientes a permitir el intercambio de información en materia tributaria. Dicha carta de intención recoge el interés de los países miembros de la OCDE de resolver sus problemas internos de evasión fiscal obligando a las autoridades panameñas a revelar información considerada como confidencial por la legislación doméstica y además busca utilizar dicha información como prueba para determinar casos de evasión fiscal de ciudadanos o residentes de los Estados Unidos y otros estados miembros del organismo.

En realidad para comprender el fondo del asunto, es necesario analizar las razones económicas detrás de esta iniciativa.

En ejercicio de su soberanía fiscal, todos los países defienden el principio de territorialidad en virtud del cual se gravan los ingresos generados dentro de sus territorios. En Panamá la tasa aplicable a dichos ingresos es relativamente razonable si la comparamos con la de otras jurisdicciones altamente impositivas, en las cuales se sigue además el principio de residencia por el cual se gravan todos los ingresos de sus ciudadanos independientemente de dónde se generen. Asimismo, el movimiento de fondos -intereses, ahorros, dividendos, regalías- fuera de Panamá está libre de impuesto de retención, lo que aupado por el comercio electrónico facilita el libre flujo de dinero y fomenta las inversiones en el mercado panameño.

Además de su sistema tributario, Panamá no sólo se caracteriza por consagrar en su ordenamiento jurídico varios mecanismos legales financieros - sociedades anónimas, fideicomiso, fundaciones privadas, fondos mutuos, aseguradoras cautivas, etc. -, sino que también consagra en diversas leyes el deber de confidencialidad respecto a los documentos, registros e información manejada por los organismos a los cuales van dirigidas estas leyes -bancos, financieras, abogados, corporaciones entre otros-.

Con el fin de aprovechar estas condiciones, empresas transnacionales e individuos nacionales o residentes de países con regímenes tributarios altamente impositivos utilizan los mecanismos legítimos que ofrece el sistema jurídico panameño para transferir fondos o capitales hacia Panamá en donde se acumulan y redistribuyen en clima fiscal agradable y confidencial. Dichos inversionistas obtienen una ventaja económica: mitigar o ahorrarse los impuestos que hubiesen tenido que pagar - sobre la renta, corporativo, dividendos, ganancias, masa herencial, intereses, etc. - si el capital transferido a Panamá hubiera permanecido o se hubiera distribuido en sus países de residencia.

¿El resultado para Panamá?, pues consiste en que gracias a los servicios financieros extraterritoriales que le ofrece al mercado financiero internacional; los bancos establecidos en Panamá están en condiciones de capturar más fondos que a través de los métodos tradicionales.

Estas diferencias entre regímenes fiscales además del problema de la doble tributación ha generado una competencia tributaria internacional. Los países altamente impositivos se han venido agrupando en organizaciones internacionales - OCDE, G-7, Banco Mundial, FSF, FATF, etc.- con el propósito de contrarrestar las actividades de planeamiento fiscal que tienen lugar fuera de su territorio. Los mismos emiten reportes, recomendaciones y listas negras; que a pesar de no tener fuerza obligatoria pretenden imponer unilateralmente sanciones a los países que realizan "prácticas tributarias nocivas" o que no cooperen con la lucha del lavado de dinero. Las principales sanciones van desde la imposición de impuestos a ciertas transacciones realizadas por residentes de los países que no cumplan con dichas advertencias hasta la negación de crédito para financiar determinadas transacciones.

En virtud de fórmulas extranjeras que le han sido recomendadas con anterioridad, Panamá ha adoptado leyes contra el lavado de dinero que obligan a los clientes de su centro bancario a declarar la procedencia del dinero que depositan cuando el mismo asciende a determinadas cifras. Además, el centro bancario se maneja con el criterio de conocer a su cliente lo que contribuye aún más a la transparencia y confiabilidad de las operaciones bancarias. Asimismo, la ley obliga a las instituciones financieras y las autoridades judiciales panameñas a suministrar la información confidencial requerida por las autoridades extranjeras, siempre y cuando la misma guarde relación con un proceso judicial debidamente entablado y no para patrocinar una expedición de pesca.

Remontándonos a la carta de compromiso suscrita por Panamá para el intercambio de información con la OCDE, la misma erosionaría aún más el principio de confidencialidad; pilar indiscutible sobre el que descansan todas las actividades financieras offshore que se realizan en Panamá. En consecuencia, el compromiso adquirido genera un ambiente de temor entre los inversionistas extranjeros, quienes por razones de competitividad y privacidad financiera pueden elegir trasladar sus fondos a un ambiente más conveniente y seguro.

Pareciera que la verdadera intención de estos mecanismos de presión y tratados tributarios es asestarle un golpe demoledor a la economía panameña y convertir a Panamá en una especie de gendarme fiscal del sistema tributario de los países que promueven estas iniciativas.

A nivel internacional Panamá ha debido redoblar sus esfuerzos en defensa de su sistema tributario y haberse vinculado a organismos internacionales que han venido cuestionando la legitimidad de las listas negras y han expresado su preocupación en el sentido de que de llevarse a cabo los cambios propuestos por la OCDE a sus infraestructuras domésticas, los países afectados perderán terreno en el mercado de los servicios financieros1. Por otro lado los países que no son miembros de la OCDE han formado la ITIO cuyas sugerencias van desde la aplicación de un plan internacional para la coordinación tributaria hasta el establecimiento de una Corte Internacional Tributaria2. Por último, Panamá puede reargüir ante la instancia correspondiente de la OMC el hecho de que los países que suscriben listas negras o advertencias, lo que buscan es convertirse en carteles poderosos para obstaculizar la competencia tributaria internacional y desconocer las normas de la OMC al darle un trato fiscal y económico más favorable a los países con los que mantienen acuerdos fiscales o que acceden a cooperar con sus medidas defensivas.

 


1. La posición de la Comunidad del Caribe frente al proyecto de la OCDE para eliminar las "Competencia Fiscal Nociva" es que dicho proyecto no sólo viola el Derecho Internacional Público, sino que además es discriminatorio ya que se preparó sin la participación de los denominados regímenes no cooperadores. Ver CARICOM Response to G7 Charges, http://www.carib-export.com/index.php3?page_id=5023

2. http://www.itio.org

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