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Aspectos Jurídicos de la Problemática del Agua

Por:

Eloy Fisher

eloyfisher@hotmail.com

Estudiante de Derecho

 

El problema del agua cautivó la elusiva atención del pueblo panameño porque tocó nervios sensitivos, aquel tejido continuamente herido por el mal servicio que las concesionarias de servicios públicos le están dando a sus usuarios, aún cuando el mercadeo y la propaganda - como siempre - diga la contrario. No obstante, hubo un gran ausente en la discusión: si bien es cierto que se debatió sobre los aspectos técnicos y políticos de la problemática, no se profundizó mucho en el legal.

Además del anteproyecto de ley que el Ejecutivo presentará a la Asamblea el 3 de septiembre que le otorga al IDAAN sus lineamientos de trabajo y a su Junta Directiva autonomía financiera y administrativa (con aprobación del Consejo de Gabinete y el Ente Regulador en sus específicos), nuestro ordenamiento jurídico hace referencias más generales a nivel constitucional, elaboradas a través de ciertas leyes contenidas en los códigos, decretos y resoluciones en cuanto al régimen de las aguas en Panamá; pero dado que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia consideró en su auto del 1 de noviembre de 1995 que " el mismo constituy[e] un derecho programático, es decir, va a depender del desarrollo de una serie de programas y políticas por parte de las autoridades correspondientes, tendientes a lograr la protección, conservación y salvaguarda del ecosistema, ya sea marino, terrestre, acuático, y no un derecho humano justiciable". Y así concluye con una definición limitante de derechos humanos, aquellos que pertenecen a cualidad humana, es decir en materia civil y política.

Así que al reducir todo el Cap. 7 del Título 3 de la Constitución Nacional a la estatura de un derecho programático, aquellas disposiciones legales no vienen a ser más que letra muerta y su inobservancia tiene como resultado directo el despilfarro de agua y la ineficiencia administrativa, tan flagrante en ciertos niveles.

¿ Y qué hacen los documentos internacionales garantes de aquel derecho? Perpetúan la práctica anterior a través de la cláusula de progresividad consagrada en el Protocolo de San Salvador Art. 19, acápite 6 que, como explica la jurista Carmen de Veses Puig, "no implica para el Estado ratificante la obligación de aplicar sus disposiciones, sino simplemente, la de adaptar progresivamente su estructura social a las exigencias del tratado". Este señalamiento puede sólo aplicarse, en la práctica, en una progresión matemática hacia el infinito. Así que igual, nuestros derechos al agua potable quedan en nada, como mucho de lo que ocurre en Panamá.

El Art. 42 del Decreto No.35 de 1966 reitera que en materia de aguas la prevalencia del interés público sobre el particular y regula su uso en general. Una disposición interesante de esta ley, en su articulado señala trámites formales y reitera claramente que las solicitudes de concesión o permiso no deben afectar las reglamentos establecidos para la zona en cuestión. Las aguas utilizadas, una vez restituidas al río, al mar o al suelo, no habrán de constituir una fuente de contaminación susceptible de afectar la calidad de agua potable. Diariamente se ve esta disposición violada cuando se descargan toneladas de basura en ríos y vertederos muy cercanos a sus laderas, contribuyendo a la contaminación del agua y alimentando los factores que la hacen escasa en muchos sectores. Pero es claro que esta ley no tiene fiscalización efectiva por falta de personal vigilante y capacitado y la falta de cooperación de las localidades.

Quizás el problema de escasez de agua en lugares apartados y rurales más allá de las líneas de distribución, es la contaminación que los locales realizan en sus respectivas comunidades. El Código Sanitario en su artículo 204 prohibe la descarga directa o de los desagües de aguas servidas en ríos, lagos, acequias, o cualquier curso de agua que sirva o pueda servir de abastecimiento para usos domésticos, agrícolas o industriales o para recreación y balnearios públicos, a menos que sean previamente tratados por métodos que las hagan inofensivas a juicio de la Dirección de Salud Pública. La Bahía de Panamá y los ríos que desembocan en sus aguas, así como muchos ríos en el interior están infestados de gérmenes, bacterias y basura que hace de su agua improductiva para actividades humanas, por la falta de consciencia de personas que aunque lloran por agua, no la cuidan. Aquí, empero, también es trascendente la falta de fiscalización de los autoridades.

En conclusión, el régimen jurídico del agua debe ser revisado para que tenga eficaz tutela al amparo de la ley, hecho que se traducirá en la mejor distribución y conservación del recurso. La creación de organismos de fiscalización debe ser un imperativo, así como también un recurso que a margen institucional efectivamente dé resultados. Es algo que muy bien puede mantenerse fuera de política, ah, pero recuerdo... es Panamá y aquí el Órgano Judicial recibe la menor mordida del presupuesto porque simple y llanamente es el más aburrido.

 

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