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Insolvencias, Quiebras y otras novedades

Por:

Dr. Carlos A. Barsallo P.

 

 Aparentemente está destinado a adquirir actualidad el tema de cómo lidiar efectivamente con los deudores que no puedan hacerle frente a sus obligaciones. En el año 2001 la sociedad panameña podría avocarse a discutir (ojalá profundamente) el dilema que ha perseguido a la humanidad desde el derecho romano y del cual se ocupó el país, por primera y última vez de manera sistemática en 1917 (código de comercio) y con carácter especialísimo para algunas personas en los años 1998 y 1999 (decreto leyes de banca y valores).

 Convendrá en esa discusión tener presente que, aun cuando desconocido por muchos y repudiado por quienes lo conocen, existe en la actualidad un sistema (la quiebra del código de comercio) el cual por su aparente ineficiencia e inoperancia está siendo dejado de lado por quienes deben y pueden usarlo en un ejemplo patético y preocupante del fracaso total de una institución vital de la economía y de la necesidad imperiosa, por el bien del sistema y evitar que el mismo se corroa, de encontrar su adecuado reemplazo. El resultado es que muchos en lugar de abaldonar la quiebra han optado por no hacer uso de ella y por recurrir a soluciones privadas al margen de la ley y del Órgano Jurisdiccional. Confirma lo anterior las noticias recientes que periodísticamente llaman "quiebras" a situaciones privadas que no han sido presentadas en ningún juzgado de la República para su declaratoria correspondiente.

 El sistema capitalista se fundamenta en un sistema de libre mercado y de libre competencia. La idea que puedan existir libremente todos los empresarios que deseen dedicarse a una respetiva actividad conlleva inexorablemente que algunos (los más eficientes) provocarán el cierre de otros. Se trata de una especie de ley darwiniana de supervivencia comercial. Es necesario que frente a este evento predecible y promovido por el sistema, existan reglas justas, claras, establecidas previamente, ampliamente debatidas, que involucren a todos los sectores y que organicen el fin o muerte jurídica de la empresa más débil sin mayores traumas para todos aquellos que mantuvieron con ella algún tipo de relación jurídica. Capitalismo sin reglas de insolvencia satisfactorias es una abusión.

 El debate debe ser educativo. Nos tiene que ayudar a entender y aceptar lo que han entendido y aceptado en las economías avanzadas. Y esto es que de poco o nada sirve destruir la empresa en un afán desordenado de recuperar los créditos. Que el sentido lógico (mas no el emocional) indica que resulta más ventajoso para todos permitir a la empresa continuar funcionando y hacerla entrar en un "estado especial" que le permita hacer frente a sus obligaciones ya que con ello se benefician los acreedores incluyendo entre estos los trabajadores y el propio Estado. Escolio: Si las palabras significan algo en este tema los vocablos utilizados son ejemplos gráficos. Quiebra, voz utilizada en nuestro derecho, dice relación con la ruptura física del banco del comerciante que en la antigüedad no podía hacer frente a sus obligaciones. En el derecho moderno se habla de derecho concursal (viene de con-currere: correr conjuntamente) que responde a la más elemental exigencia de justicia que impone una organización de defensa de los acreedores, como colectividad, evitando que solo los más astutos o veloces, audaces o como señala una autor: "próximos al afecto del deudor" satisfagan su crédito.

 La imperiosa labor didáctica se vera facilitada en la medida en que las medidas protectoras para la colectividad que adoptemos como sociedad no se conviertan en medidas encubridoras de fraudes, falsedades o engaños. Resultaría inmoral e injustificable permitir desaguisadamente protección especial sin sanción a quienes han llegado a una situación financiera imposible producto de evidentes malos manejos. Por ello y por más que se privaticen los procesos de reorganización de empresas en épocas difíciles (por usar el eufemismo) el Estado no podrá, ni debe nunca, renunciar a la sanción ejemplar a quienes quebrantan las leyes indispensables que dan la confianza al sistema. Quienes incurren en obrepción debilitan la confianza que es primordial para que el sistema funcione.

 No debe entenderse lo anterior una necesaria recomendación de nuevas y más severas sanciones privativas de libertad, ya tenemos suficientes y aun hoy día se discute si son necesariamente la solución al problema. Creemos que si bien puede argumentarse que no lo son, si pueden ser, si se utilizan, un eficaz elemento disuasivo. El problema radica que en nuestro caso concreto el efecto disuasivo no puede ser científicamente comprobado ya que hasta la fecha nuestro país ha demostrado que las probabilidades de privar de su libertad a una persona por violación de las normas referentes a quiebras culpables o fraudulentas son prácticamente nulas. Debemos añadir que, si bien no es un argumento apodíctico, existe la percepción general de que en nuestro país las sanciones privativas de libertad guardan, lamentablemente, una estrecha relación (así parecen demostrarlo las estadísticas) con la posición de la persona en cuestión en nuestra sociedad. Resulta que cualquier egregio comerciante tiene a su favor las estadísticas en cuanto a no imposición de sanciones privativas de libertad por violación de leyes concursales.

 Esperamos con interés el debate y la discusión sesuda de las nuevas reglas de insolvencia, advirtiendo que, si de algo sirve la historia, en la mayoría de los derechos más avanzados las leyes en este tema han sido el producto de trabajos de comisiones de juristas altamente especializados y experimentados y que han tomado tiempo en su discusión y aprobación (años en la mayoría de los casos). Las razones, más que un capricho snobista, son la complejidad y amplias ramificaciones de la materia.

 

Carlos A. Barsallo P.
Abogado

Nota: Los anteriores comentarios no reflejan la posición de la Comisión Nacional de Valores de Panamá.

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