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Nuevas Tendencias para
Garantizar Operaciones Comerciales

 

3.- FIANZAS DE CREDITO: Se refiere a un póliza que pretende asegurar el cumplimiento de las obligaciones que en ella se contengan y que en la generalidad de los casos aluden a un derecho de pago de sumas líquidas previamente establecidas, pero que no excluye la existencia de derechos a futuro.

Estas pueden servir para: Garantizar Obligaciones con Terceros y como garantía de operaciones personales y dentro de las más comunes están:

a.- Operaciones de Compra venta de bienes y servicios o distribución mercantil;

b.- Créditos o Contratos de Leasing;

c.- Créditos garantizados con Certificados de Depósito

d.- Contratos de Factoraje Financiero;

e.- Créditos para la exportación

f.- Préstamos Personales sobre la Póliza de Vida y su Valor de Rescate efectivo . En este caso particular, la propia garantía ofrecida conlleva la existencia de medio de cobro (para la aseguradora).

La Ley 59 de 20 de julio de 1996, es la encargada de ofrecernos una serie de mecanismos jurídicos que en la práctica forense son menos empleados pero que tienen la virtud de su practicidad. En su artículo 29, categóricamente se estatuye la obligatoriedad de inversión por parte de las compañías de seguros de hasta un 75% sobre la base de las reservas que estas deben mantener atendiendo a las diversas operaciones que se realizan. En atención a este interesante principio, se autoriza a las Aseguradoras la emisión de: Aceptaciones Bancarias, Bonos de obligaciones con garantía real inscritos en la Comisión Nacional de Valores, Prestamos Personales o Comerciales sobre las Primas Aportadas en Pólizas de Vida, que no son más que mecanismos para sustentar transacciones comerciales o específicamente en materia de valores.

 

4.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO: Es realmente un novedoso medio de garantizar la ejecución de negocios locales u off shore, toda vez que pese a que Panamá es un país de tránsito y de manera directa siempre hemos contado con las herramientas para desarrollarlo, no existía el marco jurídico específico que pudiera motivar su uso y sobre todo su credibilidad:

Existen claramente dos bases para su uso:

a.- A través de Operaciones Comerciales aduaneras (artículo 431 ordinal 6 del Código Fiscal), se autoriza el funcionamiento de almacenes generales de depósito pertenecientes al Estado y que se destinan a guardar en ellos, bajo vigilancia oficial, mercaderías importadas a la República. Estos están facultados a que a solicitud de parte interesada se liberen cédulas de depósito que inclusive son endosables o transferibles por la mera tradición;

b.- Mediante la Ley 23 de 26 de julio de 1997 por medio del cual se crean las Bolsas de Productos Agrícolas en Panamá, específicamente en sus artículos 202 y 203 se indica que con la acreditación de la propiedad de la mercancía depositada en algunas instalaciones, se podría emitir un certificado el cual puede ser utilizado por el depositante para obtener un crédito basándose en la emisión de un warrant.

En ambas situaciones, se perfecciona un contrato de depósito de mercaderías típico tal y como se regula en el Código de Comercio (ordinal 12 del artículo 2), pero se incorpora por definición legal, las facultades de emisión de Títulos Negociables que mediante un Contrato de Cesión de Crédito, Prenda o simple endoso se constituye en la oportunidad de cobro de transacciones preexistentes o constituidas ad hoc tales como: Obtención de Líneas de Crédito Bancarias o Arreglos de Pago Mercantiles contra el Certificado de Depósito o como Instrumento de Negociación de Venta con Garantía de Propiedad de Bienes Muebles

Como se refiere a un documento expedido por un almacén general de depósito mediante el cual se acredita la propiedad de mercancías, reiteramos deberá tratarse de empresas debidamente autorizadas para tales efectos.

CONCLUSIONES

A este momento, hemos aludido a probablemente los más interesantes y poco comunes medios de garantizar obligaciones de pago o trasacciones de credito. Esto no significa que la teoría de medios de extinción de las obligaciones, no mantenga su carácter supletorio y que las disposiciones procesales que reglamentan los cobros ejecutivos pierdan valor. En todo caso podríamos decir que estos instrumentos engrosan las filas de títulos ejecutables y que sin lugar a dudas hacen participar a nuestra jurisdicción comercial y en el interior del país a la ordinaria, en el manejo de formas poco comunes operativas pero de un valor y contenido innegables.

Por otro lado existen otras formas que no podemos soslayar, y que procedemos a considerar tales como:

a.- La Garantía de Funcionamiento y Servicios de Reparación contenida en la Ley 36 de la Ley 29 de 1996, útil en Compra Venta de Maquinarias (más no excluyente de equipos más modestos)

b.- Prenda de acciones Nominativas (art. 817 del Código de Comercio) el cual sustenta ampliamente prestamos mercantiles, pero que usualmente se considera bajo garantías flotantes;

c.- Automatical Clearing House (Cámaras de Compensación): que permite la movilización de dinero para la cancelación de obligaciones adquiridas entre cuentas corrientes bancarias;

d.- Prenda sobre títulos desmaterializados (art. 194 del decreto Ley 1 de 1999 que regula las operaciones con valores en Panamá.-

e.- Prenda sobre Conocimientos de Embarque y Cartas de Porte, los cuales se constituyen en títulos de gran negociabilidad. El poseedor de los mismos posee la facultad expresa para disponer de los bienes que en ella se indican.

f.- Pignoración de Bienes de Producción Futura.

Pues, bien como hemos observado, los últimos 10 años han resultado prolijos en la aprobación de disposiciones jurídicas que desarrollan el Derecho Económico, Empresarial, Aduanero y Fiscal, por lo que eventos como los que hoy desarrollamos, benefician ampliamente la colectividad profesional, empresarial y el propio Estado.

Responsabilidad y Derecho de Autor