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Naturaleza Jurídica de la Función de los Árbitros

 

Conclusiones

El arbitraje es concebido hoy en día como un proceso de carácter privado, derivado de un convenio entre particulares, del cual surgen consecuencias definitivas y vinculantes. Desde una perspectiva histórica, el arbitraje constituía la fórmula más comúnmente utilizada para resolver conflictos privados aún antes del surgimiento de los Estados nacionales. Otrora, sin embargo, la ejecución de la decisión arbitral dependía exclusivamente de la buena fe de las partes, de su palabra empeñada de someterse inobjetablemente a la decisión proferida por los árbitros.

Las modernas legislaciones sobre arbitraje, orientadas fundamentalmente por las normas de la Ley Modelo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), han venido otorgando reconocimiento jurídico a los presupuestos, principios y ventajas que han hecho del arbitraje el método por excelencia para resolver las disputas en materia mercantil.

A nuestro modo de ver, la clásica concepción del arbitraje como proceso jurisdiccional ha traído consigo dos consecuencias fundamentales: En primer lugar, el encasillamiento de las normas sobre arbitraje dentro del ámbito del Derecho Procesal y, en segundo lugar, la intervención continuada del Poder Judicial en el ámbito del procedimiento arbitral.

La primera consecuencia obedece a que el proceso arbitral, por razón de su naturaleza adjetiva, ha sido tradicionalmente regulado dentro de los Códigos de Procedimiento Civil. Como sustento de la segunda, sin embargo, se aduce que luego de haber desplazado hacia los árbitros una jurisdicción temporal y excepcional, corresponde al propio Estado el deber de asegurarse que éstos cumplan sus especiales funciones de conformidad con las normas del ordenamiento jurídico.

Somos del criterio de que el arbitraje es un método de resolución controversias derivado de la autonomía de la voluntad de las partes y, como tal, se encuentra únicamente limitado por los tratados internacionales, la ley, la moral y el orden público. En tal sentido, la actuación de los árbitros sólo puede ser equiparada a la de los jueces en virtud del carácter definitivo y vinculante de su decisión.

A pesar de que la decisión de los árbitros acarrea el efecto fundamental de una sentencia judicial, esto es, el de cosa juzgada, tal decisión no se fundamenta en la voluntad soberana del Estado, sino en la renuncia al derecho subjetivo de las partes de recurrir a la justicia ordinaria. Si bien la tendencia hacia una autónoma normativización del arbitraje propugna por dotar a este método de rasgos típicos de la función jurisdiccional, las decisiones de los árbitros siguen careciendo de elementos inherentes a la jurisdicción, tales como, la coerción y la ejecución.

Por último, aunque no menos relevante, la labor arbitral tampoco puede ser entendida como una obligación contractual, surgida de un contrato celebrado entre las partes y los árbitros, denominado "convenio o acuerdo arbitral". Salvo voluntad expresa de las partes o, en su defecto, del ordenamiento jurídico aplicable, la decisión de los árbitros no podrá ser impugnada ante los tribunales ordinarios. Por tal motivo, corresponde entonces a las partes elegir árbitros altamente calificados para la resolución de sus controversias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ante una errónea interpretación arbitral, los árbitros no están a sujetos a la responsabilidad civil.

Responsabilidad y Derecho de Autor