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Naturaleza Jurídica de la Función de los Árbitros

Por:

Oliver Muñoz Esquivel

Esquivel & Asociados

www.esquiyas.com

 

Este artículo aborda un tema de enorme trascendencia dentro del ámbito del arbitraje comercial, tanto nacional como internacional, a saber: La categorización jurídica de la función arbitral.

El interés por el análisis del tema resurge en nuestro país luego de la adopción de una nueva legislación sobre arbitraje. Dicho análisis comporta, a su vez, la discusión necesaria de dos teorías ampliamente debatidas por la doctrina arbitral. Estas teorías son: La tradicional teoría pública o jurisdiccional, por un lado, y la teoría privada o contractual del arbitraje, por el otro.

Teoría Pública o Jurisdiccional

La teoría pública o jurisdiccional, defendida por algunos de los más connotados procesalistas contemporáneos, sostiene que el arbitraje conlleva un desplazamiento de la función jurisdiccional de los jueces y magistrados hacia particulares designados por quienes son parte de un negocio o relación jurídica determinada. En el momento en que las partes incluyen una cláusula compromisoria en sus contratos o celebran un acuerdo arbitral, se produce ipso iure una declinatoria de la facultad jurisdiccional derivada del poder soberano del Estado, a favor de los árbitros. En consecuencia, la función de éstos, según esta tesis, es de carácter jurisdiccional, aunque modo excepcional y temporal.

Uno de los más destacados defensores de la doctrina jurisdiccional del arbitraje es, sin lugar a dudas, Carnelutti, quien admite que la función que el árbitro ejerce es "una función judicial, más exactamente, es la función jurisdiccional."

Para Duque Sánchez, otro gran exponente de esta teoría, "es la ley y no las partes, quien inviste a esos árbitros designados por las partes de la facultad de dictar sentencia, de administrar justicia, y el acto de administrar justicia es un acto de soberanía. De modo, pues, que dicho acto de soberanía ejercido a través de los jueces escogidos por las partes, y no nombrados por el órgano correspondiente del Poder Público, es todavía un acto de soberanía ejercido no por voluntad o mandato de las partes, sino por mandato de la ley que así lo ha establecido y permitido." En otras palabras, según este autor, la facultad jurisdiccional investida en los árbitros les viene dada por autoridad de ley y no por obra de la voluntad de las partes.

A juicio de Devis Echandía, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, derogan la competencia del juez, pero no su jurisdicción. Para este autor, la derogatoria de la competencia se produce desde que se pacta la cláusula compromisoria , o desde la celebración del compromiso arbitral, si no se ha iniciado el juicio, y en caso contrario, desde que el tribunal arbitral solicite del juez la entrega del expediente. Sin embargo, concluye el mismo autor, la potestad de los árbitros surge cuando la ley se las otorga excepcionalmente y de manera privativa e imperativa.

Nuestro ordenamiento jurídico, con base en lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto Ley 5 de 1999, dispone que el convenio arbitral celebrado por las partes produce un efecto de índole procesal que "consiste en la declinación de la competencia, por parte del tribunal de la jurisdicción ordinaria, a favor del tribunal de la jurisdicción pactada y la inmediata remisión del expediente al tribunal arbitral." De este modo, la celebración de un convenio arbitral en Panamá genera consecuencias jurídicas inmediatas que las partes podrán hacer valer a posteriori, siempre y cuando algún tribunal, de cualquier índole, que no sea el convenido por las partes, pretenda aprehender conocimiento de la causa.

Por su parte, Jose Luis Bonnemaison es del criterio de que "en el arbitraje, hay, efectivamente, un proceso jurisdiccional, a pesar de que los árbitros son particulares y no funcionarios del Estado. Los árbitros quedan investidos transitoriamente de jurisdicción a partir de la aceptación del cargo y hasta el fin del arbitraje. Como quiera que el arbitraje es libremente pactado por las partes, resulta que en virtud del compromiso o de la cláusula compromisoria hay un traslado o desplazamiento de la jurisdicción y la competencia, del juez al árbitro, en cada caso concreto."

En el ámbito nacional, el profesor Jorge Fábrega P. manifiesta que la teoría contractual del arbitraje ha sido superada aún en materia civil. Dicha teoría tiene incluso menos justificación en materia laboral, pues, según este autor, "a pesar de que los árbitros son designados por las partes, es en el Código donde se derivan y reglamentan sus facultades".