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Análisis de la Ley 38 sobre Violencia Doméstica

 

Otra modificación importante de la Ley 38 es que en el Capítulo II establece en el artículo 4, catorce (14) medidas de protección que puede adoptar la autoridad competente, a favor de la o las personas víctimas de violencia doméstica, lo que es un significativo avance ya que estas medidas no se contemplaban en la Ley 27.

Entre esas medidas de protección se pueden mencionar, entre otras, el arresto provisional del agresor/a por un término no mayor de 24 horas; el desalojo del hogar por parte del presunto agresor/a, con independencia de quien tenga la propiedad de la vivienda; medidas de allanamiento para rescatar o socorrer a las víctimas de violencia doméstica; suspensión al agresor/a de la guarda y crianza de hijos/as menores de edad, según la gravedad de los hechos de violencia o al daño o peligro directo o indirecto al que pudieran verse sometidos; prohibir la tenencia de armas en el domicilio común e incautarlas; medidas de restricción al agresor/a de acercarse al domicilio común, el lugar de trabajo, estudio u otro lugar en que se encuentra la víctima; suspensión de la reglamentación de visitas; ordenar al agresor/a cubrir los costos de reparación de los bienes o de la atención médica a la víctima; impedimento de salida del país a los hijos/as menores de edad; protección especial para la víctima de parte de las autoridades de la Policía Nacional, efectiva donde la solicite la víctima.

El artículo 5 dispone que en el caso de que el funcionario/a considere que deba aplicarse un medida que no sea de su competencia, debe remitir copia al funcionario/a competente, solicitando la aplicación de la medida de protección que estime necesaria, dentro del término de 72 horas y una vez reingrese el expediente a su despacho, éste deberá darle curso a la instancias correspondientes.

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 38 establece que las medidas de protección tendrán una duración de 6 meses y las mismas pueden ser prorrogadas durante el tiempo que demore el proceso, señalándose además que el incumplimiento de alguna de dichas medidas de protección de parte del agresor/a, siéndole aplicable una sanción por desacato. Conforme al artículo 10, las medidas de protección pueden aplicarse de oficio o a solicitud de parte interesada, de manera verbal o por escrito y contra las mismas caben los recursos establecidos en la ley, de acuerdo a la competencia de las autoridades, según dispone el artículo 11.

El Capítulo III de la Ley 38 contiene las disposiciones sobre competencia, estableciendo que las medidas de protección antes mencionadas pueden ser aplicadas por la policía administrativa (corregidurías y juzgados nocturnos), los/as Agentes del Ministerio Público y las autoridades del Organo Judicial según su competencia (art.7). Las autoridades de los pueblos indígenas que administran justicia según sus costumbres y sus tradiciones están autorizadas para aplicar las medidas de protección de sus ordenamientos internos y de manera supletoria las que establece el artículo 4 de la Ley 38 (arts.7 y 8).

El artículo 12 de la ley 38 incluye una adición al artículo 46 del Código Penal, estableciendo como pena accesoria el servicio comunitario supervisado.

Veamos a continuación cuáles son los delitos de violencia doméstica y maltrato a menores según la Ley 38 citada (artículo 13 de la ley), a saber:

1. El artículo 215 A, establece que como hechos que configuran el delito de violencia doméstica, la agresión física, sexual, patrimonial o psicológica o el hostigamiento contra una persona, que conlleva sanción de 1 a 3 años o con medida de seguridad curativa que consistirá en un programa de tratamiento terapeútico multidisciplinario con atención especializada. La agresión sicológica se comprobará por un médico psiquiatra forense o un psicólogo forense (artículo 13 de la Ley 38 de 2001). Se observa claramente que la modificación de la norma establece sanciones más severas que las contempladas en la ley 27 de 1995, pues se aumentó la pena de prisión mínima a 1 año y la máxima a 3 años.

Se introduce además, un nuevo tipo de violencia no contemplado en la ley anterior, como es la violencia patrimonial, que se define como la "acción u omisión dolosa que implica daños, pérdidas, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes u otros recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades básicas de las personas" del núcleo familiar. Incluye también como violencia patrimonial la limitación injustificada al acceso y manejo de bienes comunes.

2. El artículo 215 B, se modificó solamente el segundo párrafo de dicho artículo respecto a la sanción, pues en la ley 27 la agravante contemplada se sancionaba con 3 años de prisión, en tanto que la Ley 38 aumenta la pena máxima a 5 años de prisión. (artículo 13 de la Ley 38).

3. El artículo 215 D, tipifica el delito de maltrato contra un niño, niña o adolescente menor de 18 años y lo sanciona con prisión de 2 a 6 años o con medida de seguridad curativa o ambas y establece las conductas que se consideran maltrato de menores. (artículo 13 de la Ley 38). La sanción de este delito aumentó la pena mínima a dos años, en tanto que la contemplada en la Ley 27 de 1995 era solo 1 año y mantuvo la máxima en 6 años; también se eliminó el numeral 2 que contemplaba la ley 27, toda vez que dicha conducta constituye un delito aparte.

La modificación del Artículo 215 E (215 D en la Ley 27 de 1995) incluye la obligación de poner en conocimiento de las autoridades de la ejecución de cualquiera de los hechos tipificados en el Título, en tanto que la norma anterior sólo señalaba la obligación respecto de un hecho tipificado como violencia intrafamiliar o maltrato de menores.

El artículo 17 de la Ley 38 dispone que para los delitos de violencia doméstica y maltrato a niños, niñas y adolescentes, el juez de la causa puede diferir el cumplimiento de la pena, para que se realice los fines de semana a fin de que el agresor o agresora conserve su fuente de ingreso.

A nuestro juicio si bien esto por una parte puede considerarse una ventaja en los casos no tan graves, además de que el hecho de que los agresores/as estén en prisión los fines de semana, que es cuando se produce el mayor número de casos de violencia, por otra parte, el que se permita que aquellos/as puedan seguir trabajando durante la semana, pudiese propiciar la continuación de las acciones delictivas en el caso de que el agresor/a se dedique a actividades de pornografía, prostitución, etc., lo que no nos parece apropiado. Así pues, esta medida debe ser cuidadosamente analizada al momento de otorgarse.

Otra modificación importante que contempla la ley 38 es la del artículo 15, que adiciona el artículo 220 A al Código Penal, tipificando el delito de acoso sexual y lo sanciona con prisión de 1 a 3 años y aunque es un avance importante, considero que por los efectos y consecuencias de este delito, debe ser objeto de una legislación específica que contemple definición, tipos, procedimientos y sanciones adecuadas, toda vez que esta disposición solo hace referencia al acoso sexual en las relaciones en que hay subordinación laboral, dejando por fuera el acoso en el ámbito educativo, así como otros tipos de acoso. El acoso y el hostigamiento sexual deben ser sancionados en todos aquellos espacios institucionales en los que existan jerarquías.

Con relación a las disposiciones procesales, la ley 38 modificó el artículo 1984 A del Código Judicial, en cuanto a la denominación de violencia intrafamiliar por violencia doméstica y le incluyó un párrafo que señala que cuando se trate de violencia patrimonial, procederá el desistimiento cuando se haya resarcido el daño causado, aunque la persona afectada sea menor de edad. También se adicionaron tres nuevos artículos sobre evaluaciones sicológica o psiquiátricas a menores de edad; tratamientos terapéuticos y recuperación para las víctimas de los delitos, cuyos gastos deben ser sufragados por el agresor/a. (arts.19, 20, 21 de la Ley 38)

La ley 38 también contempla el desarrollo de políticas públicas tendientes a coordinar, promover, desarrollar y supervisar programas de divulgación, a través de los medios de comunicación, destinados a prevenir y a erradicar la violencia y a divulgar la ley; además de programas de capacitación para el personal de la policía, de salud. Esta responsabilidad corre a cargo del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia. Se establece además, la obligatoriedad de todos los centros de salud, cuartos de urgencia, centros médicos y hospitalarios, clínicas y consultorios, sean privados o públicos de atender los casos de violencia doméstica. Se dispone también la obligatoriedad del personal de salud y administrativo de documentar mediante formularios emanados del Ministerio de Salud, el historial médico, los hallazgos clínicos, el diagnóstico y la incapacitad provisional -psíquica y física- de la víctima de violencia doméstica o de maltrato de niños, niñas o adolescentes; formulario que debe enviarse al Instituto de Medicina Legal dentro de las 48 horas siguientes a la atención del o la paciente, a fin de que pueda proseguir el trámite de instrucción correspondiente y cuando se trate de menores de edad, se remitirá a los Juzgados de Niñez y Adolescencia. Se establece también que deberán asignarse las partidas presupuestarias en el Presupuesto General del Estado para el año 2002 para la ejeucición de planes y programas de divulgación y promoción de la ley. (arts. 22 a 27 y 34).

La Ley 38 también contempla el deber del Ministerio de Educación de incorporar y promover en los planes y programas de estudio de todos los niveles, valores basados en los principios de tolerancia, del respeto a las diferencias y la diversidad, la igualdad y equidad de género, y fomentar programas para prevenir la violencia y el maltrato a los menores de edad (art. 28).

Al Ministerio de Gobierno y Justicia y a los municipios de la República, se les impone el deber de sensibilizar y de capacitar a los/as corregidores/as y jueces/zas nocturnos en la correcta aplicación de la ley de violencia doméstica. Se señala la obligación de llevar un registro estadístico de los h echos de violencia doméstica y maltrato de menores, que deberá enviarse a la Comisión Nacional de Estadística Criminal (CONADEC) del Ministerio de Gobierno y Justicia. (arts. 29, 30).

La ley 38 también hace partícipes a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a las entidades privadas y de profesionales independientes de promover actividades de divulgación, sensibilización, capacitación y ejecución de la Ley, conjuntamente con las entidades del Estado. Incluso se otorgan incentivos fiscales a quienes brinden patrocinio legal gratuito a víctimas de violencia o maltrato de menores. (arts. 31 y 32).

En apretada síntesis he tratado de ofrecer los aspectos más importantes relacionados con los delitos de violencia doméstica y el maltrato de menores, de conformidad con las modificaciones y las adiciones introducidas por la Ley 38 de 10 de julio de 2001, no obstante, quiero finalizar señalando que si bien es importante la expedición y la modificación de leyes, de nada sirven las mismas si no se modifican las estructuras sociales que ha hecho necesarias tales leyes, pues como dice una frase de Sheena: "Se necesita fuerza para vencer la violencia, no para rendirse ante ella".

Mariblanca Staff Wilson

La autora es abogada, escritora, feminista y exMagistrada de la Corte Suprema de Justicia.

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Responsabilidad y Derecho de Autor

BIBLIOGRAFÍA

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "CONVENCION DE BELEM DO PARA". Ley 12 de 20 de abril de 1995. Gaceta Oficial No.22.768 de 24 de abril de 1995.

Ley 27 de 16 de junio de 1995, "por la cual se tipifican los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato de menores, se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos, se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial y se adoptan otras medidas". (Publicación de la Unión Nacional de Abogadas, Panamá, noviembre de 1995).

Ley No.38 de 10 de julio de 2001, que reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones. (Gaceta Oficial No.24.350, lunes 23 de julio de 2001)

Red Nacional contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Sin Violencia. Boletín No.4, noviembre de 1998.

Red Nacional contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Sin Violencia. Boletín No.12, Agosto 2001.

Staff Wilson, Mariblanca. Mujer, Violencia en las Relaciones de Pareja y Legalidad. Proyecto UNESCO-DANIDA. Cuadernos de Paz No.5, Panamá, Imprenta Universitaria, Panamá, diciembre 1996.