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Protección al Ejercicio Legal de la Abogacía

Por:

Juan Subirats

Abogado

 

La Constitución Nacional establece en el artículo 40 lo siguiente:

"Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.

No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y de las artes."

Para nuestra profesión, la de ABOGADO, cualquier persona es libre de ejercerla siempre y cuando cumpla con las reglas que establece la Ley.

El carácter remisorio de la norma Constitucional obliga a revisar la Ley N° 9 que regula la profesión de abogado, como todas aquellas reglamentaciones, acuerdos o directrices que inciden en el ejercicio adecuado de la misma, lo que seguidamente pasamos a examinar.

El artículo 4 de la Ley N° 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía, señala en el Artículo 4°, sin ser este un catálogo exhaustivo de lo que entre otras actividades se entiende como ejercicio de la profesión de abogado, lo siguiente:

"La profesión se ejerce por medio de poder legalmente constituido o asesorando a la parte interesada y entre otras cosas, comprende:

1. La representación judicial ante la autoridad jurisdicción Civil, penal, laboral, de menores, electoral, administrativa, marítima y cualquiera otra jurisdicción que exista o se establezca en el futuro.

2. La resolución de consultas jurídicas por escrito o verbalmente.

3. La redacción de alegatos, testamentos, minutas y memoriales dirigidos a cualquier funcionario.

4. La preparación de documentación jurídica relacionada con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de sociedades.

5. La redacción de toda clase de contratos.

6. La gestión de negocios administrativos.

7. La inscripción de documentos en el Registro Público o en el Registro Civil, y las gestiones, recursos y reclamaciones a que den motivo la descalificación y reparo de esos documentos.

8. El acompañamiento a cualquier persona en todas gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios.

9. La calidad de Agente Residente para los efectos del artículo 1° y 2° de la Ley 32 de 1927.

10.Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este artículo para las cuales se requiera la calidad de abogado."

Para los propósitos de lo que mas adelante cuestionaremos, citaremos las siguiente normas contenidas en la ley que regula nuestra profesión:

"Artículo 9: Incurrirá en el delito de ejercicio ilegal de la abogacía:
1° La persona que sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley, se anuncie o se haga pasar como abogado, u ofrezca servicios personales que requieran la calidad de abogado o gestiones sin autorización legal."

"Artículo 16: Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil.
Se podrá ejercer la abogacía por medio de sociedades civiles de personas únicamente, cuando hayan sido constituidas para ese fin por abogados idóneos."

"Artículo 17: Cuando no mediare contrato de servicios entre el cliente y el abogado, queda entendido que ambos se sujetan a la tarifa de honorarios vigentes.
La tarifa que regula dichos honorarios debidamente autenticada, o copia legalizada de la parte aplicable de la misma y copia autentica de la parte pertinente de la actuación o del dictamen pericial en que el abogado haya intervenido, prestan merito ejecutivo contra el cliente renuente al pago de dichos honorarios".

Corresponde ahora, referirnos a la cuestión de hecho que ha provocado nuestra preocupación, y consecuentemente la critica a lo que se ha venido dando en estos últimos tiempos, en detrimento de nuestra profesión.

En la actualidad sociedades de carácter mercantil, no idóneas para ejercer la profesión de abogado, o sea al margen de lo previsto en el artículo 16 citado, han venido anunciando que ofrecen "servicios legales" a través de sus "departamentos legales", y por dichos servicios cobran a los clientes sumas sustanciales de dinero. Algunas otras entidades aunque no anuncian que ofrecen estos "servicios legales", si los incluyen como gastos que deben ser sufragados por el cliente.

Aparentemente estos servicios legales incluyen algunas actividades que el artículo 4° de la Ley N° 9 de 18 de abril de 1984 califica como ejercicio de la profesión de abogado, como por ejemplo, la inscripción de documentos en el Registro Público, y las gestiones, recursos y reclamaciones a que den motivo la descalificación y reparo de esos documentos.

Si estos llamados "servicios legales", brindados por sociedades comerciales a través de sus departamentos legales, incluyen el ejercicio de alguna de las actividades consagradas en el artículo 4° de la Ley N° 9 de 1984 (confección de contratos, inscripción de documentos en el Registro Público, por ejemplo), estarían ejerciendo la profesión de abogado ilegalmente. Esto es así, ya que siendo los integrantes del "departamento legal" trabajadores de estas sociedades mercantiles, dentro del contexto de subordinación y dependencia económica que establece el Código de Trabajo, las actividades o servicios que se prestan se deben entender realizados por dichas empresas, lo que es evidentemente ilegal.

En el afán de darle legalidad a estos actos, las sociedades de carácter mercantil han contratado como empleados de estos "departamentos legales" a uno o varios abogados, quienes con idoneidad para ejercer la profesión, absuelven consultas, elaboran contratos y hasta promueven demandas, en nombre de la sociedad comercial para la cual trabajan.

Lo interesante de esto es que los abogados contratados por estas sociedades de carácter mercantil reciben como remuneración el salario que como trabajador de la empresa le corresponde, soslayando el hecho de que el haber confeccionado una demanda, el haber absuelto una consulta o realizar gestiones para la inscripción de documentos en el Registro Público utilizando su idoneidad como abogados quedan obligados a cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° del acuerdo N° 49 del 24 de abril de 2001, que establece lo siguiente:

"La presente tarifa de Honorarios Profesionales Mínimos contiene las disposiciones que regulan los honorarios mínimos de los abogados en la República de Panamá.

Esta tarifa establece la base pecuniaria para el cobro de Honorarios entendiéndose que es válido todo acuerdo convenio o contrato escrito suscrito entre los profesionales del Derecho y sus clientes que fijen honorarios superiores, en atención al artículo 2 de la presente tarifa, la naturaleza, especialidad o cuantía del negocio o asunto.

De conformidad con el Código de ética profesional, será deslealtad y falta a la ética profesional por parte del abogado pactar honorarios inferiores a los establecidos en esta tarifa. Se exceptúan los procesos de amparo de pobreza. Se exceptúan aquellas personas que califiquen para el patrocinio legal gratuito. El contrato o acuerdo escrito de mandato retribuido que cumpla con los requisitos legales prestará mérito ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el Código Judicial."

Bien puede un abogado ser empleado de una sociedad comercial, sin embargo al momento de realizar actividades que conciernen al ejercicio de la profesión, en nombre de dicha sociedad, debe pactar honorarios no inferiores a los establecidos en el acuerdo que aprueba la tarifa, pues de no hacerlo incurre en deslealtad y falta a la ética.

Una sociedad comercial que no puede ejercer la abogacía y brinde servicios legales, recibiendo dinero por la prestación de estos servicios, sin abonar lo que corresponde al abogado, incurre en el ejercicio ilegal de la profesión. Así el profesional del derecho que permita semejante explotación incurre en falta a la ética tal como lo prevee el CODIGO DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO, que en su artículo 34 prevee:

"Artículo 34. Incurre en falta a la ética el abogado que:

.................................................................................................................

K. Permita que sus servicios profesionales sean controlados o explotados por alguna persona natural o jurídica;

................................................................................................................

M. Permita que persona natural o jurídica no idónea, utilice su nombre o servicios profesionales para ejercer la abogacía."

 

El artículo 28 del Código de ética expresamente señala:

"El abogado no debe permitir que su nombre o sus servicios profesionales sean utilizados para hacer posible el ejercicios de la abogacía a personas no idóneas para tal ejercicio, sean estas naturales o jurídicas."

De lo expuesto concluimos:

1° Los abogados pueden ser empleados de sociedades mercantiles, y estar sometidos al régimen salarial, como cualquier otro trabajador.

2° Al momento de hacer gestiones que impliquen el ejercicio de la profesión de abogado, conforme lo establece el artículo 4° de la Ley 9 de 1984, deberán fijar sus honorarios conforme lo reglamenta el acuerdo N° 49, sin perjuicio de la retribución salarial a la que tenga derecho como empleado.

3° Todas aquellas sociedades comerciales que brinden "servicios legales", que incluyan actividades de las enumeradas en el artículo 4° de la Ley 9 de 1984 incurren en el ejercicio ilegal de la profesión de abogado, al ofrecer la prestación de unos servicios para los cuales no tiene idoneidad.

 Responsabilidad y Derecho de Autor