[Página 2/2]

Versión para imprimir Version para imprimir

 

Del procedimiento administrativo
para la adopción de Acuerdos

 

Las razones para la baja participación pueden ser diversas. No habiéndose efectuado una encuesta entre los regulados solo podemos especular las motivaciones para la escasa participación ciudadana. Cabe destacar, en mi opinión, la falta de conocimiento de este procedimiento; la idiosincrasia del ciudadano panameño que no esta acostumbrado a participar en este tipo de procesos; la errada percepción que la consulta se dirige solo a expertos o interesados directamente en el tema cuando en realidad es una consulta abierta a todo el público; la falta de grupos organizados de protección al inversionista y la falta de participación de grupos organizados de protección de los intereses de los intermediarios; la falta de académicos que participen en el proceso; la creencia de que los comentarios que se envíen no serán tomados en cuenta y que se trata solamente de un proceso formal para cumplir con un requisito.

En menor grado ubicaríamos el potencial temor a que el regulador no sepa aceptar las criticas a su propuesta y que al sentirse ofendido tome medidas de represalia contra los que hacen comentarios. Este último factor es mencionado en los casos de otros mercados emergentes en los cuales se esta introduciendo este procedimiento de consulta pública. Debemos indicar que en el caso panameño dicho factor no debe tener la menor incidencia ya que podemos afirmar categóricamente que todo comentario o critica a un proyecto preparado por la Comisión es recibido como un aporte a mejorar la regulación y es además muy agradecido y tomado en consideración.

Con relación a la toma en consideración de los comentarios de la ciudadanía, las normas reguladoras establecen específicamente este derecho al señalar que toda persona interesada puede presentar la Comisión por escrito comentarios, memorandos y propuestas sobre la acción que Comisión contempla adoptar y tiene derecho a ser oída en audiencia publica en caso de que la Comisión decida celebrar una.

Cumplido el plazo para la presentación de comentarios y luego de dar la debida consideración a los comentarios recibidos, la Comisión podrá adoptar la acción contemplada, con aquellas modificaciones que considere apropiadas, siempre que la acción que se adopte no sea significativamente distinta ni impongan mas restricciones que las que contemplaba la acción sometida a consulta publica. Si éste viene a ser significativamente distinta o a imponer mas restricciones, la Comisión deberá volver a someter la acción al proceso de consulta pública.

Sobre este punto es importante resaltar que los comentarios enviados son ampliamente tenidos en cuenta y muy agradecidos pues ayudan a mejorar las normas. La Comisión reconoce no tener el monopolio de la verdad, ni las respuestas a todas las preguntas, por ello cree en el proceso de consulta que permite adoptar normas en las cuales los propios regulados han participado pudiendo entenderse que la aceptación a su cumplimento voluntario será por ende mayor. Es un proceso más eficiente para regular el mercado.

Otros entes reguladores de reciente creación tienen procedimientos de consulta pública, entendemos que es el caso por ejemplo de la Autoridad Nacional del Ambiente y el Ente Regulador de los servicios públicos. Otros sin tenerlo de manera formal u obligatoria lo practican de manera regular.

Lo más importante a destacar es que no se trata de una consulta limitada a los que se pueden considerar son los interesados en la norma a aprobar sino a toda la ciudadanía. El sistema no es perfecto pero es, a juicio del suscrito, un buen método de regular. Es democrático, participativo e inteligente. Sirve para crear un sano balance a los amplios poderes del regulador. No se trata de una actitud bondadosa de la Comisión sino de su obligación legal y el derecho de los ciudadanos. Es conveniente recordar que la Comisión como ente regulador del mercado de valores existe desde el año 1970. Son numerosas las resoluciones aprobadas desde entonces. No obstante antes de 1999 no había ninguna norma que señalara el proceso de consulta pública a la hora de adoptar las regulaciones.

Puede pensarse que el procedimiento aquí explicado es un procedimiento que hace de la adopción de acuerdos un proceso lento y poco ágil. Opino todo lo contrario. Sin duda representa la dedicación de mayor tiempo y recursos, pero considero vale la pena con creces por los beneficios que conlleva.

Para beneficio del ciudadano, la Comisión forma un expediente de acceso público con los proyectos de acuerdo, copias de los avisos, los comentarios que se reciben (de esta manera el ciudadano puede saber que opinan otras personas o grupos, las razones para apoyar una medida o para oponerse), de ser el caso las actas de la celebración de las audiencias públicas y finalmente el acuerdo adoptado el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial para conocimiento de todo el publico. Por ahora el expediente es físico y debe ser consultado en las oficinas de la Comisión. En un futuro cercano el expediente podrá consultarse en Internet.

Uno de los principios internacionales de regulación en materia de valores hace énfasis en el derecho del ciudadano a participar en la elaboración de las reglas que lo rigen así, como a conocer el texto de las mismas. La Comisión cumple y practica ampliamente este principio.

Existe una importante excepción a la regla y consiste en que la Comisión podrá adoptar acuerdos en situaciones de urgencia que impliquen un peligro para el público inversionista, y que requieran acción inmediata, sin tener que cumplir con lo dispuesto en el procedimiento de consulta publica. En dicho caso, la Comisión podrá adoptar únicamente aquellos acuerdos que sean necesarios para prevenir, evitar o minimizare dicho peligro.

Después de dictar un acuerdo con arreglo a este artículo, la Comisión someterá el acuerdo adoptado al proceso de consulta publica.

Considero que se debe ser muy cuidadoso al recurrir a esta excepción ya que el criterio fijado es elevado. Debe existir un peligro para el público inversionista y se debe requerir acción inmediata. Considero que la Comisión no debe utilizar este procedimiento como regla general.

Por último, la norma debe ser mas precisa en cuanto al plazo para someter a consulta los acuerdos adoptados por urgencia. Al no indicarse nada concreto el llamado a consulta pública puede dilatarse en el tiempo lo cual puede desvirtuar las bondades del proceso.

Otra importante excepción es la que señala que las disposiciones del procedimiento de adopción de acuerdos no son aplicables a las acciones que concedan una exención o eliminen una restricción, ni a las opiniones que dicte la Comisión sobre el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos.

 

Nota: Las opiniones reflejadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor y no comprometen ni representan la posición de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, ni de los funcionarios que laboran en dicha dependencia.

<-- Atrás

Responsabilidad y Derecho de Autor