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Pena de muerte o necrofilia estatal

Por:

Lic. Orlando Carrasquilla S.

Criminólogo

 

Recientemente el legislador Marco González, del arnulfismo, expresó que propondrá un anteproyecto de ley para que en Panamá se establezca la pena de muerte, debido a la ola de homicidios en perjuicio de los transportistas.

De antemano creo estar seguro de que el legislador González desconoce que la única vez que hubo pena de muerte en Panamá fue en nuestra Constitución de 1904, la cual fue abolida por la Constitución de 1941. Desde entonces el artículo 30 de nuestra Constitución señala su prohibición. Además, el Gobierno panameño firmó en 1991 el Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos que rechaza la iniciativa.

Numerosos testimonios han existido a través de la historia contra la pena de muerte, desde Diodoto cuando convenció a la Asamblea de Atenas, en el año 427 a.C., de que no sería un remedio eficaz ejecutar a todos los varones adultos de la ciudad rebelde de Mitilene. Se considera que en materia de criminología, la mayor victimización legal ha sido la pena de muerte, que es un asesinato legal, frío, producido por el Estado, que se apropia de una vida para segarla en día y hora determinada. La pena de muerte debe considerarse como un serio desgarro en el tejido social que hiere la ética, el valor de la persona, su dignidad y el sentido moral.

Cuando se habla de pena de muerte como medida impuesta por el Estado, hay un sinnúmero de preguntas que deben formularse: ¿es el delincuente el único responsable de su delito, o hay una corresponsabilidad social?; ¿la pena de muerte impone justicia?; ¿tiene el Estado límites con respecto al ser humano o tan solo privilegios?; ¿la declaración de los derechos humanos no será el límite que el Estado impunemente vulnera al aplicar una pena irreparable?

Hay una infinidad de preguntas que debemos hacernos antes de tan siquiera hablar sobre la pena de muerte; pero muchas de estas preguntas han sido deslindadas por los Estados que tienen pena de muerte, con catastróficos resultados. Al segar la vida de un condenado, el Estado niega su principal derecho y deslegitima el fundamento del ejercicio de los demás derechos humanos proclamados.

La ley, sus creadores y ejecutores, desde el juez hasta el verdugo, se degradan ante sus propios ojos y los de los demás, frente a esta sanción letal.

Los ejecutores del asesinato legal, deberían saber que su hecho es mucho más grave que el cometido por la víctima, si se piensa en el estado inerme en que éste se hallará. Lo único que se logra con la ejecución de la pena de muerte, es añadir a un asesinato, otro asesinato legalizado.

Bajo un criterio de política criminal, los propios Estados que practican la pena de muerte o pena capital deberían admitir que han fracasado, incluso en materia de prevención. No parece posible considerar el ser humano como un simple medio para llegar al fin, cual es atemorizar mediante la muerte, al resto de los miembros de la sociedad.

Un país que propicie la pena de muerte sufre un serio deterioro y desprestigio en la conciencia moral del mundo entero.

Para ser un poco más ilustrativo, recientemente en Estados Unidos se hizo un estudio de los Estados que tiene pena de muerte y se descubrió que en el 67% de los casos, no estaba completamente comprobada la autoría del encausado. Pero entonces, ¿cómo se subsana un error legal ante una muerte legal?

Incluso las tesis en torno a penas más severas ya están desfasadas, tanto en materia penal como en estudios criminológicos. Y bien lo dijo el criminólogo argentino Eugenio Raúl Zafaroni, "la única manera de minimizar la violencia criminal, es cuando exista en nuestros países latinoamericanos una verdadera equidad entre crecimiento económico y desarrollo social; cuando haya una verdadera distribución de la riqueza, y cuando elevemos nuestra calidad de vida. De esta manera encontraremos mecanismos menos violentos de control social".

 

Publicado en el diario "La Prensa" el 17 de abril de 2001.

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