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Detención Preventiva o Condena Anticipada

Por:

Orlando Carrasquilla S.

Criminólogo

Hemos observado no solo en Panamá si no en América latina confrontamos los mismos problemas en materia penitenciaria y quizás muchos de ellos obedecen a la reincidencia del uso indiscriminado de la detención preventiva, no siendo un fenómeno nuevo en los países latinoamericanos con sistema penal continental europeo a saber: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela y Panamá. En la década de los ochenta los penalistas y criminólogos ELIAZ CARRANZA y EUGENIO RAUL ZAFARONI, entre otros realizaron un estudio sobre el "Preso Sin Condena en América Latina", donde encontraron las siguientes cifras:

PRESOS SIN CONDENA EN OCHO PAISES DE AMERICA LATINA
(Sistema Penal Continental Europeo)

Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, México, Venezuela y Panamá

56%

Aproximadamente de 9 años
Argentina (1980), Chile 1981, Colombia (1981), El Salvador (1981), Ecuador (1981), México (1980) y Panamá (1981)

67%

Aumento

11.26%

Si hiciéramos un cuadro comparativo de esos años con la actualidad, no habría que investigar mucho para saber que la situación de los presos sin condena o bajo detención preventiva no ha variado, no solo porque las poblaciones de los países latinoamericanos se ha incrementado, sino porque no ha modificado la causa del problema, ejemplos claros fueron los ocurridos en la Cárcel Modelo de Colombia, los presos crucificados en el Salvador exclamando celeridad en sus casos, los constantes motines en Brasil, sólo por mencionar algunos países, y el nuestro no se quedo atrás con la antigua Cárcel Modelo, donde existió un constante abuso de los derechos humanos y corrupción, problema que en vez de mejorar en el Centro Penitenciario La Joya, sólo se ha trasladado.

La problemática no ha variado porque desde la década de los ochenta los criminólogos abogaban que sólo existiría cambios cuando se realice una desinstitucionalización de la detención preventiva, pero eso solo se lograría cuando los países de América latina haya un verdadero desarrollo social, donde no sólo exista crecimiento económico, como también social, de salud, vivienda y educación y no exclusivo de determinadas áreas geográficas o áreas minoritarias sino participación plena de los beneficios de los mismos ya que nos caracterizamos en ser países con poblaciones con la peor distribución económica.

Los presos sin condena y desarrollo social son síntomas de un control social incompatible con el desarrollo económico, esto quiere decir que la prevención del delito depende ante todo de los procesos que se realicen en el mundo para mejorar sus condiciones sociales y para elevar la calidad de vida, ya que prevención del delito y justicia social deben ser examinadas bajo el contexto del desarrollo económico y de los sistemas políticos, culturales de cambio social, porque de nada sirve que nuestros países latinoamericanos entren a la globalización y acuerden tratados de libre comercio, cuando no podemos solventar nuestras necesidades básicas como educación, salud, vivienda y trabajo, porque de democracia no se vive.

Un hecho evidente y sin caer en un análisis estigmatizador, la mayoría de la población penal sujetos a prisión preventiva, condenados o detenidos sin condena son de estratos y grupo minoritarios, que superan en cantidad a los de estratos superior.

En ese sentido podemos decir que la detención preventiva como pena son formas extremas de control social, que tiene en los países latinoamericanos un uso diferencial respecto a las clases sociales inversamente proporcional a la distribución económica, que la estructura social efectúa de los beneficios del desarrollo.

Por tal motivos en varios informes y estudios criminológicos se ha recomendado que en virtud a que muchos países latinoamericanos, las personas detenidas en espera de juicio en su mayoría no deberían guardar prisión, utilizar al máximo procedimientos jurídicos y administrativos distintos, existentes en varios sistemas penales modificados, a fin de que sólo aquellos delitos de carácter grave cuya detención preventiva fuera indispensable por razones de seguridad o de protección a la comunidad o para asegurar su comportamiento ante el Tribunal o autoridad competente estuvieran detenidas en espera de juicio.

De los aspectos más negativos cuando se abusa del uso de la detención preventiva, llevando a los detenidos a estar sin condenas en periodos largos de tiempo, tenemos:

1. Impide efectuar sobre el interno preventivo una labor resocializadora, al no ser posible desde el punto de vista jurídico efectuar intervenciones sobre un sujeto aun no condenado.

2. La prisión provisional facilita el aprendizaje delictivo, pues en la práctica no hay separación entre reclusos jóvenes y adulto, entre reclusos penados y preventivos, conviviendo jóvenes con adultos, delincuentes primarios con ocasionales y profesionales.

3. El notable aumento de la población reclusa lleva un mayor costo económico para la administración penitenciaria y provoca una superpoblación carcelaria la cual conduce con frecuencia en penosas condiciones de vida y en motines en los Centros Penitenciarios.

4. La detención preventiva ocasiona los mismos efectos nocivos, perniciosos y estigmatizadores, tanto psíquica como socialmente, que produce la pena privativa de la libertad. Los internos con condenas firmes o sentenciados saben cuantos años le quedan en prisión y que actividades les pueden ayudar a redimir parte de la condena. Además la prisión constituye un factor eminentemente criminógeno al actual se une el miedo al futuro, al escándalo, la incertidumbre y la preocupación por marcha del juicio.

POBLACIÓN PENAL EN PANAMA POR SEXO Y SITUACIÓN JURIDICA
EN LOS CENTROS CON MAYOR POBLACIÓN
(hasta el 26 de marzo de 2001)

CENTROS PENITENCIARIOS SEGÚN SEXO

CONDENADOS

EN PROCESO

En Apelación

Capacidad del Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Administrativos

Sumariados

HOMBRES

2303

44

3799

34

6882

MUJERES

182

18

351

0

SUBTOTAL

2547

4150

TOTAL

6697

El total de la población Penitenciaria en la Republica hasta el mes de marzo del año en curso es de 9,028 internos, cantidad de la cual, 3,946 están condenados, mientras 5, 037 se encuentran en proceso, de los cuales 45 han sido apelados. Como observaran Panamá no dista mucho de las cifras estadísticas de los años ochenta ya que vemos que más de la mitad de la población Penal están en espera de juicio o interponiendo algún recurso para solicitar una medida distinta a la privación de la libertad, al igual que se observa una sobrepoblación penal.

Analizando el caso panameño, podemos resaltar ciertos aspectos relevantes en nuestro sistema penal y en la administración de justicia:

El Código Penal en su Título II, Capítulo I y II, se refiere sobre las penas y su ejecución al igual en su Título V, Capítulos I y II, sobre las Medidas de Seguridad y su ejecución. Por otro lado tenemos el Código Judicial en su Título II, Capítulo VI que indica sobre las Medidas Cautelares y Excarcelación del imputado, específicamente el artículo 2147B, que expresa las medidas cautelares son:

a.

La prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial.

b.

El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública.

c.

La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, según sea el caso.

d.

La detención preventiva.

Como se observa la detención preventiva es la última medida descrita por la ley, inclusive, con la modificación y adición de algunos artículos con respecto a la detención preventiva, mediante la Ley 3 de 1991, establece en su artículo 2147D, que la detención preventiva sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas resultaren inadecuadas, de igual forma el artículo 2148, expresa que se procederá a la detención preventiva cuando el delito tenga pena mínima de dos años de prisión y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas o pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo.

Ahora bien, pese a que nuestro Código Judicial, fue reformado mediante la Ley 3 de 1991, Ley 39 de 1999 y Ley 42 de 1999, la cual brindan a los funcionarios de instrucción y judicial opciones para optar medidas distintas a la detención preventiva, tales como permisos laborales o escolar, fijar un domicilio distinto al lugar donde ocurrió la comisión de hecho punible, por mencionar algunas, en la practica no se refleja que utilicen las precitadas medidas, ya que siempre utilizan como parámetro si el delito tiene pena mínima de dos años fundamentándose en ello para decretar la detención preventiva, por otro lado la poca utilización de medidas alternativas se debe a su característica principal, que sólo podrán ser aplicadas taxativamente en los casos previstos por la Ley, existiendo una discrecionalidad y subjetividad porque no son de una aplicación automática sino que deben ser precedidas por el exhaustivo examen del funcionario competente, quien debe procurar que las mismas sean efectivas en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridos en cada caso concreto.

Además pese al uso indiscriminado de la detención preventiva, donde en gran cantidad de casos se podría decretar su inmediata libertad, por las irregularidades en nuestra administración de justicia, mediante un Recurso de Habeas Hábeas, el cual debe ser contestado de forma expedita tal como lo establece nuestra constitución y el código judicial, observamos que dicho recurso dura, días hasta semanas, sino citemos el caso de Héctor Ávila, sólo por mencionar un caso.

Una propuesta ante estas situaciones sería proponer la figura del Juez de Instrucción el cual resolvería sobre todas estas medidas distintas a la detención preventiva en la etapa sumarial, como ocurre en otros sistemas penales.

Es cierto que recientemente los Españoles ofrecieron una ayuda de capacitación técnica y equipo de informática a la Dirección de Sistemas Penitenciarios de nuestro país y que ya contamos en esta Dirección con información sistematizada de los detenidos, aun hace falta que el gobierno establezca una red informática con el Organo Judicial y Ministerio Público para así tener agilidad en cuanto a la información legal de cada detenido, cuanto tiempo lleva detenido y a ordenes de quien se encuentra, entre otras ventajas que se pueden establecer.

Planteando todo lo mencionado observamos que a parte de solventar los carentes recursos económicos y humano en nuestros sistemas penitenciarios y autoridades de administración de justicia hace falta un cambio de actitud de nuestros funcionarios para que aquellas leyes que modificaron algunos artículos de nuestro código judicial en materia de medidas alternas a la detención preventiva surtan efectos, lo cual se vera reflejado en la disminución de nuestros sistemas penitenciarios sobrepoblados, aunado a una mejor coordinación entre nuestras autoridades encargadas de administrar justicia, cabe destacar que más allá de lo que pretendamos mejorar en nuestros sistemas penales, primero tendremos que conciliar esfuerzos para tener una sociedad con mayores crecimientos económicos y de distribución, el cual ahondara a erradicar en gran medida la detención preventiva como pena anticipada, creando con ello estructuras menos fuertes que permitan una modificación de la violencia de control social.

 

Orlando Carrasquilla S.
Criminólogo

Responsabilidad y Derecho de Autor