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La Libertad de Expresión: ¿Hasta dónde llega?

Por:

Gisela L. De León S.

gis25776@hotmail.com

Debo iniciar por confesar que cuando decidí ingresar a la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, lo hice con la intención de poder utilizar los conocimientos adquiridos en la práctica privada de la profesión. Sin embargo, una de esas vueltas que da el destino me hizo concentrarme más en el estudio de los Derechos Humanos, aún antes de haber terminado la carrera.

Fue por esa razón que realicé mi Tesis de Grado sobre un tema muy relacionado con los Derechos Humanos (La Defensoría del Pueblo) y una gran parte de mi, hasta el momento corta, carrera profesional la he dedicado a trabajar en esa área.

Los Derechos Humanos son el conjunto de garantías de que gozan los seres humanos por el sólo hecho de serlo y que deben ser respetadas por los Estados, y en nuestra opinión también por los particulares. Con esto queremos decir que, a nuestro parecer, los Derechos de una persona humana no solamente pueden ser violados por los gobernantes -que es el concepto manejado tradicionalmente-, sino también por otras personas, sean naturales o jurídicas.

En nuestro país los Derechos Humanos se encuentran reconocidos en el Título III de la Constitución vigente. De igual forma, Panamá es signataria de diversos convenios internacionales en la materia, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos y Sociales o Protocolo de San Salvador, entre otros.

En esta ocasión queremos referirnos en particular al Derecho a la Libertad de Expresión, que históricamente ha sido uno de los derechos más irrespetados por los gobiernos, pero también, uno de los derechos que traspasado los límites y lejos de ser una libertad se ha convertido en un libertinaje, afectando la honra y la intimidad de muchas personas.

Se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambas normas establecen la existencia de responsabilidades ulteriores, cuando por el ejercicio de este Derecho se violenten los derechos o se cause daño a la reputación de los demás, o se atente contra la seguridad, el orden público o la salud o la moral públicas. Sin embargo, estas responsabilidades son en muy pocas ocasiones exigidas.

Debemos aclarar que con este escrito no queremos manifestar nuestra aprobación a la penalización de la calumnia y la injuria, pues el establecimiento de penas de prisión para las personas que abusen del Derecho a la Libertad de Expresión no hace más que convertirlas en víctimas, pues se les equipara a la categoría de delincuentes, lo que les brinda un escenario apropiado para obtener la atención general.

Tampoco queremos señalar nuestra aprobación al hecho de que los funcionarios públicos, sobretodo aquellos que ostentan altos cargos, utilicen estas figuras para evitar que se publiquen informaciones que los impliquen en actos indebidos, cuando estos actos hayan sido debidamente comprobados, pues precisamente por la posición que poseen al encontrarse al servicio del Estado, están obligados a soportar el escrutinio público.

Lo que queremos expresar es la necesidad de que los medios de comunicación se hagan responsables por la publicación de informaciones no comprobadas, falsas o "adornadas", cuyo único objeto es atraer la atención y aumentar sus ingresos.

También nos referimos a la necesidad de que los medios de comunicación respeten la intimidad de las personas, que también se encuentra garantizada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en el artículo 11.

Por citar un ejemplo, nos parece un atentado a la intimidad y a la dignidad humana que algunos medios de comunicación se den a la tarea de investigar en los hospitales los casos de muertes por causas no naturales, sobretodo cuando se trata de accidentes de cualquier tipo o suicidios, más aún, cuando publican las fotografías que logran obtener de estos sucesos o cuando "adornan" los hechos para captar la atención del público.

Por lo general las personas afectadas con este tipo de sucesos no son personas públicas, por lo tanto, no existe ningún derecho a inmiscuirse en la vida privada de estas personas y sus familiares.

Al realizar este tipo de publicaciones, no se toman el trabajo de investigar los antecedentes que pudieron haber llevado al desencadenamiento de los hechos. No toman en cuenta, el tipo de persona que era la víctima en vida; es decir, pudo haberse tratado de una persona que llevó su vida de la forma más recta y honorable posible, a la cual le tocó un final trágico, que será lo que quedará registrado para la historia, simplemente porque a alguien se le ocurrió que la noticia vendería más -aunque reitero que en mi opinión no se trata de una noticia, sino de una intromisión en la intimidad de la persona-.

Lo más grave, es que no respetan los derechos de los familiares, quienes ya enfrentan momentos difíciles por la muerte de un ser querido y además se ven obligados a revivir los hechos al verlos publicados en un medio de comunicación o a recordar a su familiar de la forma en que fue retratado por éste.

Sin embargo, tal vez la culpable de todo esto sea la misma sociedad que consume este tipo de publicaciones. De no ser así, los medios de comunicación se verían en la obligación de evitar este tipo de notas y concentrarse en hechos más objetivos, de provecho para la comunidad en general.

En cuanto a los medios de reparación a los que se deben ver obligados los autores de publicaciones que atenten contra los derechos o que causen daño a la reputación de los demás, o atenten contra la seguridad, el orden público o la salud o la moral públicas, somos partidarios del Derecho a Réplica y a la reclamación de indemnizaciones civiles (sin embargo estas últimas deberían ser obtenidas mediante procesos rápidos y expeditos, tal como lo señala en artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Por último, queremos aclarar que somos concientes que en nuestro país existen algunos medios de comunicación serios que no se prestan a las prácticas descritas, sin embargo, nos parece urgente que se tomen medidas para detener a aquellos que sí lo hacen, pues el ejercicio de los Derechos Humanos de los individuos llega hasta donde comienzan los derechos de los demás, por eso bien se ha dicho que "el respeto al derecho ajeno es la paz".

 

Gisela L. De León
Abogada

Responsabilidad y Derecho de Autor