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Requisitos de validez del Arbitraje*

Por:

Vladimir Berrío-Lemm

panahistoria@yahoo.es

 

g 1. INTRODUCCIÓN

El arbitraje, institución del derecho fascinante desde casi cualquier punto de vista que se le estudie o ejerza, tiene aspectos que, hasta donde hemos podido investigar, no constan tal cual en ningún libro de texto. Son aspectos que tal vez el sentido común llena, pero que en rigor no se deben dar de modo implícito sino de modo explícito, esto es, sin lugar a dudas. Por ello la inexistencia de citas bibliográficas específicas.

De los varios aspectos que podrían verse desde este punto de vista genérico, están los siguientes: "Acceso al arbitraje", "Evolución histórico-etimológica", "Ventajas y desventajas frente a otras figuras de solución de conflictos", "Requisitos de Validez (específicamente la capacidad, el objeto y las formalidades)". De entre ellos hemos elegido compartir con los amables lectores el último.

Este breve artículo no pretende sentar doctrina ni ley. Es una gimnasia mental que de seguro traerá algunas ideas a los que están imbuidos de lleno en el arbitraje. Esperamos que lo disfruten.

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g 2. REQUISITOS. El arbitraje, por más ventajas que pueda ofrecer sobre un proceso ordinario a nivel nacional o internacional, no escapa de ciertos requisitos. Así queda visto que el requisito de existencia del arbitraje es la cláusula compromisoria, que es una expresión externa de la volición de las partes.

Pero igualmente, al requisito de existencia van anexados los de validez, que se resumen básicamente a la capacidad, el objeto del litigio y las formalidades a seguirse en el proceso, que a continuación se describirán, y con la ayuda de los Códigos Civil y Comercial, se intentarán explicar.

 

g 2.1 CAPACIDAD. Todo aquel que requiera hacer uso del arbitraje debe ser capaz. Como quiera que no hay un consenso especial sobre cuál capacidad es la requerida, asimilaremos que es la general: ejercer derechos y contraer obligaciones, o sea, la capacidad de contratar.

Dividiremos, como un aporte, el aspecto de la capacidad general visto universalmente, esto es, la capacidad requerida de las partes, de sus representantes, de los árbitros o arbitradores, y la capacidad vista desde un punto de vista internacional, incluyendo los requisitos que deberá reunir el tribunal arbitral para considerarlo legal y operativo.

Para ello transcribiremos los siguientes Artículos:

Código de Comercio, Artículo 33:

Es prohibido el ejercicio del comercio, así como el desempeño de cualquier cargo en las sociedades mercantiles:
1- A de los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delito contra la propiedad, por falsedad, por peculado, por cohecho o por concusión.
2- A los quebrados o concursados no rehabilitados,...

Código Civil, Artículo 1,114:

No pueden prestar consentimiento (en Contratos):
1- Los menores emancipados.
2- Los locos o dementes y los sordomudos que no sepan escribir.

Código Civil, Artículo 284:

Las transacciones y los compromisos que celebre el tutor sobre derechos o bienes del menor no valdrán sin la aprobación del Juez.

Código Civil, Artículo 309:

Los dispuesto para la tutela se observará también respecto de la curatela en cuanto fuere aplicable en este título.

Código Civil, Artículo 1,501:

El tutor no puede transigir sobre los derechos de la persona que tiene en guarda, sin previa autorización judicial dada con conocimiento de causa.
El padre, y en su caso la madre, pueden transigir sobre los bienes y derechos del hijo que tuvieran bajo su potestad; pero si el valor del objeto sobre que recaiga la transacción excediera de trescientos Balboas, no surtirá ésta efecto sin la autorización judicial.
Habiendo transcrito estos textos legales, podemos referirnos con libertad al tema de la capacidad, como a continuación se realiza.

 

g 2.1.1 De las Partes. Para el Derecho Civil Positivo Panameño, capaz es aquella persona que tiene pleno poder y facultades para contratar, ejercer derechos y contraer obligaciones, para lo cual necesita estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos, ser hábil física y mentalmente así como ser mayor de edad.

Los derechos ciudadanos en Panamá se ejercen a la mayoría de edad. La mayoría de edad en panamá, como en otros países, se obtiene al cumplir 18 años de edad. En ese momento obtiene su cédula de identidad personal y se considera, por decirlo de alguna manera, dueño de su propio destino.

Ahora bien, aún en el evento que el sujeto sea sordomudo, deficiente mental relativo del daño o absoluto o con algún impedimento físico notorio, dependiendo del daño que lo incapacita, podrá o no ser sujeto de tutela o curatela para poder administrar su vida e intereses. Es bien sabido que aún las mentes turbulentas o enfermas pueden ejercer sus derechos en momentos de clara lucidez, acompañados de su tutor o curador.

Caso contrario será el de un sordomudo de nacimiento, sin posibilidad de leer y escribir: ¿cómo saber su volición interna? También una persona que haya sufrido un accidente o derrame cerebral y esté imposibilitado de hablar, leer, escribir o moverse, creemos que en ambos casos nos hallamos frente a personas incapaces absolutos, pues no tienen ninguna posibilidad de ejercer en su nombre y sobre todo, con su autorización y voluntad, sus derechos.

En estos casos es clara la práctica médica de extender un certificado en que conste la dolencia clínica detectada y la imposibilidad de valerse o regirse la persona afectada. Con este certificado y pruebas adicionales, los juzgados proceden a designar a un familiar o profesional como tutor o curador del individuo y de su hacienda e intereses, para que los administre.

Igual sucederá con una persona que haya sido objeto de una muerte civil al sufrir una interdicción o inhabilitación total. Será incapaz para ejercer ninguna acción contemplada dentro del castigo impuesto hasta su muerte o hasta que se decida levantar la pena en el caso que no tuviera una fecha de vencimiento.

En cuanto a ser mayor de edad, puede considerarse que al nacer un ser humano, hasta que tenga algún uso de razón, pongamos por ejemplo los catorce años de edad, cualquier acto de manejo sobre sus bienes deberá estar a cargo de su curador o tutor (usualmente sus padres), y sujeto a la fiscalización de un Juez.

Ya después de los catorce años, bien podrá el menor entenderse directamente con su tutor para resolver sus asuntos particulares, salvo que logre obtener una habilitación, también judicial.

Luego, los actos que se realicen sobre los bienes y negocios de un incapaz relativo (por la edad), serán válidos sí y sólo sí cumplen con el requisito de ser asesorados y confeccionados por el tutor o curador con la supervigilancia de un Juez, proceso que dejaría de ejercerse cuando el menor se emancipe, se habilite o cumpla los dieciocho años de edad.

Creemos en lo particular, que hablar de capacidad para el arbitraje se restringe desde un punto de vista civilista, a lo ya anotado, que en definitiva casi será de exclusivo uso para procesos llevados a cabo dentro de Panamá.

Para el Derecho Mercantil Panameño, capaz será aquella persona que pueda comerciar. Se parte de la premisa que para comerciar, al menos, la persona deberá ser considerada civilmente capaz y, además, no haber sido sentenciado por la jurisdicción ordinaria con la inhabilitación por causa de concurso o quiebra, ni por el delito de falsedad, peculado, cohecho, concusión o delitos contra la propiedad. La excerta permite comerciar a los concursados o quebrados rehabilitados.

Entonces, una persona capaz civilmente, o una persona con capacidad civil subsanada mediante tutor o curador con la autorización judicial correspondiente, y que ni ella ni su curador sean considerados dentro de las causales que imposibilitan para realizar actos de comercio, son los requisitos mínimos para -y según el ejercicio de la libre voluntad de las partes- concurrir dos partes al auxilio arbitral y eludir o corregir, según sea el caso, las vías ordinarias judiciales.

Obviamente que la capacidad irrestricta (sin capitis deminutio minimae o maximae) es más que suficiente y deseable para llevar al arbitraje un conflicto.

En todo caso, será el tribunal Arbitral quien decidirá en última instancia si una persona es capaz o no para concurrir al arbitraje.

En el ámbito del Derecho Laboral, el requisito mínimo aceptable para contratar a un trabajador es que sea capaz civilmente, y si tiene alguna deficiencia física, sea lo suficientemente tolerable para realizar algún trabajo específico en la empresa. Los empleadores se reservan el derecho (política de la empresa) de no permitir que trabajen aquellas personas sospechosas de o sancionadas por acciones delictuosas. Y en principio, deberían reservarse el derecho de sólo aceptar mano de obra panameña para funcionar y producir, siendo únicamente asesorados por extranjeros de modo temporal.

La práctica judicial nos muestra cómo debe probar su existencia en un proceso una empresa usualmente: ante todo, su representante legal (dueño) deberá otorgarle poder especial a un abogado litigante. La empresa es una persona jurídica, y el dueño no tiene conocimientos legales, usualmente; el abogado es el único profesional capaz de moverse en el enramado legal de cada país.

Posteriormente, el abogado deberá aportar certificación del Registro Público de que la empresa existe, cuáles son sus dignatarios y signatarios y si tiene existencia real, o sea, si está vigente como sociedad comercial-empresarial.

El trabajador deberá probar primero que es una persona ante la empresa para ser contratado, sea panameño o no, pudiendo exigírsele presentación de copia de su cédula y de un historial policivo aparte de referencias personales susceptibles de ser comprobadas. En las generales que brinda el trabajador al otorgar el poder a un abogado, menciona su número de cédula de identidad personal como elemento de demostrar su nacionalidad, sitio de domicilio y otros datos, susceptibles de ser comprobados. Ante los juzgados especiales u ordinarios, el trabajador deberá probar, además, que es asalariado de la empresa a la que intenta demandar, presentando original, copia o testimonio del Contrato por el cual iniciaron relaciones obrero-patronales. En defecto de lo anterior, podrá denunciar como fuente de esas pruebas los libros de registro y los archivos de la empresa, o también los archivos de contratación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Los extranjeros deberán acompañar su permiso de trabajo y legalidad de su residencia, sumado a su particular contrato de trabajo.

Resumiendo, cada parte deberá acreditar ante el Tribunal Arbitral las pruebas documentales pertinentes (de sus países de origen o establecimiento de comercio) para probar que son quienes dicen ser, y que tienen derecho a litigar en pro de sus intereses, pruebas estas que podrían protocolizarse ante los respectivos Ministerios de los países sede del domicilio legal de las partes.

La autoridad del tribunal está autorizada para indagar si lo presentado es cierto para los fines legales comunes, y para comprobar mediante esos datos si las personas son capaces.

 

g 2.1.2 De los Representantes de las Partes. La Ley 9 de 1984 determina los requisitos que en Panamá se deben reunir para ser abogados: probar haberse graduado dentro o fuera de Panamá; registrar su diploma en el Ministerio de Educación; se somete a la idoneidad de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que involucra prueba de su existencia civil y académico; luego de obtenida, pasa a estar inscrito en el libro de los abogados litigantes, y deberá inscribirse progresivamente en todos los libros que tienen para tal efecto los juzgados de todo el país. Ya luego, sólo le basta con mencionar sus generales en el memorial o libelo de la demanda.

Ya es una práctica que los profesionales de toda disciplina lleven una versión reducida de su diploma y su idoneidad en forma de carnet plastificado para cualquier eventualidad.

Paralelo al requisito legal para ejercer la abogacía, tenemos otros adicionales: ser panameño de nacimiento o naturalizado; ser capaz (si bien desde el punto de vista civil no sería necesario probar esto, pues por la propia evolución de la educación (6 años de educación elemental, 6 años de educación media y de 5 a 7 años de educación superior (todos los abogados se gradúan siendo mayores de edad).

Entonces, deberán ser sujetos capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Es de conocimiento universal que hay abogados inválidos, ciegos, mudos, minusválidos, parapléjicos y aquejados de otras dolencias, incluida la epilepsia, trastornos cardíacos, renales y otros, que pueden ejercer su profesión sin casi ayuda a nivel externo.

Resumiendo, se considerará capaz al abogado que reúna los requisitos propios de su carrera y que sea capaz civilmente. Cabría cuestionarse acerca de los abogados que también son comerciantes y como tales hayan sido quebrados o concursados. Creemos que como comerciante, sería incapaz, pero si su profesión no entró en juego, podría seguir ejerciendo como abogado a manos que sea encontrado, adicionalmente, culpable de prevaricato.

* Este artículo es una separata del texto en confección titulado "El Arbitraje", iniciado en 1989.