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De los requisitos para la elección del Defensor del Pueblo

Por:

Gisela L. De León S.

gis25776@hotmail.com

 Los requisitos para ser elegido Defensor del Pueblo se encuentran establecidos en el artículo 8 de la Ley N° 7 de 5 de febrero de 1997, que crea la Institución en nuestro país, los cuales son los siguientes:

    1. Ser de nacionalidad panameña.

    2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    3. Ser mayor de treinta y cinco años de edad.

    4. No haber sido condenado por delito doloso.

    5. Tener solvencia moral y prestigio reconocido.

    6. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente de la República u otro miembro del Consejo de Gabinete, ni con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni con los Legisladores de la República.

    7. Ser, de preferencia, profesional del derecho, especialmente si cuenta con postgrado en Derechos Humanos.

 De acuerdo con lo señalado en los medios de comunicación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, organismo encargado de realizar la selección de los candidatos que serán presentados al Pleno de este organismo para elegir entre ellos al próximo Defensor del Pueblo, ha manifestado que los cuarenta y ocho (48) postulantes cumplen con estos requisitos.

 Cabe señalar que este número de postulantes es muy próximo al que existía al momento de realizar la elección del primer Defensor del Pueblo -cincuenta y uno-, sin embargo, en esa ocasión la Comisión de Derechos Humanos no realizó una selección previa, sino que presentó al Pleno de la Asamblea Legislativa a todas aquellas personas que cumplían con los requisitos señalados en la Ley, que ya hemos mencionado.

 Consideramos que no es conveniente que la elección del Defensor del Pueblo se haga entre un número tan alto de candidatos, por el contrario, a nuestro juicio, la Comisión de Derechos Humanos debe ejercer efectivamente esa labor de selección a la que se refiere el numeral 1 del artículo 6 de la Ley N° 7 de 1997.

 Es decir, la Comisión de Derechos Humanos debe estudiar cuidadosamente las aptitudes que posee cada candidato para ocupar un puesto de la importancia del titular de la Defensoría del Pueblo, y presentar al Pleno de la Asamblea Legislativa sólo a aquellos que se encuentren mejor capacitados.

 Esta recomendación posee sobretodo un sentido práctico, pues tan alto número de candidatos dificulta que uno de ellos obtenga la mayoría absoluta de los votos del Pleno de la Asamblea Legislativa, requeridos para su elección y puede alargar innecesariamente su designación, obligando a la realización de varias rondas consecutivas hasta obtener el número de votos requeridos.

 Debemos señalar que en nuestra opinión, la Comisión de Derechos Humanos, al momento de realizar esta selección debe tomar muy en cuenta lo señalado en el numeral 7 del artículo 8 de la Ley N° 7 de 1997, que ya mencionamos, y que establece que se debe preferir a los profesionales del derecho, especialmente si cuentan con postgrado en Derechos Humanos.

 Decimos esto, porque a nuestro juicio es muy importante que el Defensor del Pueblo cuente con conocimientos jurídicos, pues la mayoría de las quejas que debe atender poseen contenidos de esta índole.

 Existen criterios encontrados en este sentido, pues hay quienes consideran que esta preferencia discrimina a los profesionales de otras disciplinas. Prueba de ello es que el numeral en cuestión, fue demandado por inconstitucional en el pasado, precisamente por esta razón, sin embargo esta iniciativa no fue exitosa.

 Nuestra intención al señalar que esta preferencia debe ser considerada al momento de realizar esta selección, no es desmeritar a profesionales de otras disciplinas que actualmente optan por este cargo, sino resaltar la importancia del conocimiento del derecho en el manejo de las quejas que se presentan ante esta Institución.

 Por lo tanto, sea cual sea la profesión de la persona elegida para desempeñar este cargo, es absolutamente necesario que se haga asesorar por un equipo de abogados con conocimientos en el área de Derechos Humanos. Asimismo, es necesario que cuente con la asesoría de profesionales de diversas materias, tales como psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, médicos, ingenieros, arquitectos, entre otros, debido a la gran cantidad de materias de que tratan las quejas que llegan a su conocimiento.

 Asimismo, al momento de realizar esta selección, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa también debe tomar muy en cuenta la solvencia moral y prestigio reconocido, a que se refiere el numeral 5 del artículo 7 de la Ley N° 7 de 1997, pues es precisamente allí donde nace la fuerza que en un momento dado pueden llegar a poseer las actuaciones de la Defensoría del Pueblo.

 Como es de conocimiento público, las actuaciones de la Defensoría del Pueblo carecen de la fuerza coactiva que poseen las decisiones administrativas o jurisdiccionales. Por el contrario, sus actuaciones se caracterizan por su auctoritas o fuerza moral, cuya efectividad se basa en el prestigio personal del titular, la independencia, autonomía e imparcialidad de sus actuaciones y la publicidad que se le dé a éstas.

 Nótese que nos referimos a su efectividad, porque a pesar de poseer sólo fuerza moral, las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, pueden llegar a ser realmente efectivas, contribuyendo incluso a la solución de problemas a los que no han sabido dar solución las autoridades cuyas actuaciones poseen fuerza coactiva.

 Por esta razón es sumamente importante que la persona elegida para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo posea una trayectoria reconocida, durante la cual se haya caracterizado por actuar de acuerdo a los principios morales y éticos, pues de esta forma contará con la autoridad necesaria para realizar llamados de atención a los miembros de la Administración Pública cuyas actuaciones puedan lesionar los Derechos Humanos de los administrados.

Gisela L. De León
Abogada

Responsabilidad y Derecho de Autor