Versión para imprimir Version para imprimir

Distintos Lugares, Problemas Similares

 

Página 3/3

n ESPAÑA

VERTIDO Y FOCOS DE CONTAMINACIÓN.

Dos años después de que la rotura de una balsa minera en Sevilla anegara más de 4.000 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar hasta asediar los límites del Parque Nacional de Doñana, aún subsisten algunos focos residuales de contaminación por metales pesados en la zona, según la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar.

El área, en la que se ven huellas visibles de las tareas de limpieza de los lodos piríticos, cuya retirada costó más de 14.000 millones de pesetas, se encuentra vigilada continuamente por unos 200 científicos. Dichos profesionales admiten que "dos años son un período escaso para evaluar la incidencia de metales pesados sobre los ecosistemas."

Sobre los efectos a largo plazo, existe "un vacío científico" que recomiendan subsanar con el mantenimiento de programas de seguimiento.

La gran asignatura pendiente para los grupos conservacionistas depende de la propietaria de las minas de Aznalcóllar, a la que acusan de cumplir con las obligaciones "de forma" para reabrir la mina, pero de rehuir el "compromiso ambiental con el futuro de Doñana".

Guido Schmidt, representante de WWF/Adena, considera que desde que se reabrió la mina, las tres principales deficiencias en las actuaciones de Boliden son:

1°) la falta del estudio de seguridad ambiental del proyecto de sellado de la antigua balsa;

2°) el incremento de riesgos ambientales por aumentar la altura de relleno de la presa y

3°) las dificultades para que la Junta andaluza deposite lodos provenientes de la limpieza del vertido en la mina a cielo abierto de Boliden.

Un portavoz de la multinacional negó las acusaciones de los ecologistas y manifestó que estaban en "contacto" con la citada Junta para ampliar la capacidad de almacenamiento de la mina, "siempre que no se perjudique a ningún acuífero" y garantizando la "impermeabilidad" del depósito.

 

n BRASIL

JUSTICIA AMBIENTAL

Al mismo tiempo en que la sociedad brasileña agradece medidas gubernamentales tales como la " Ley de crímenes ambientales ", paralelamente se queda perpleja ante nuevas medidas que, escandalosamente contrarían la protección del medio ambiente sano, bien de uso común del pueblo y esencial para la buena calidad de vida. Estamos hablando de la Medida Provisoria N° 1710/98 adoptada por el Jefe de Estado amplía el Art. 79 del citado cuerpo Legal.

Tal artículo habilita la realización de un compromiso entre el Sistema Nacional de Medio Ambiente ( SISNAMA ), que está integrado por los órganos ambientales responsables de controlar y fiscalizar las actividades susceptibles de degradación ambiental y las personas físicas y jurídicas responsables por la construcción, instalación, ampliación y funcionamiento de establecimientos y actividades que utilizan los recursos ambientales considerados, efectiva o potencialmente, bien como polucionadores o capaces de causar degradación ambiental.

El término del compromiso tendrá fuerza de acto exclusivo y extrajudicial, pudiendo durar de 90 días a 10 años.

Mientras tal compromiso esté vigente, quedarán en suspenso la aplicación y sanción de sanciones administrativas relacionadas con hechos que dieran causa a la celebración del compromiso citado.

Esto es, estamos en presencia de una Ley de Crímenes Ambientales que tolera la ilegalidad ambiental por un plazo de 10 años, crimen que se puede practicar bajo cualquiera de sus formas.

Obviamente existe para una serie de intereses –que no son los del pueblo- cierta urgencia en que los mismos sean mejor y más rápidamente atendidos.

Cual es la relevancia y urgencia en mantenerse en una actividad contaminante? Cual es la necesidad de causar la muerte de miles de animales, la enfermedad y anomalías en los ciudadanos?

Cuando se pretende satisfacer intereses particulares o sectarios, a través de cierta legislación, contrariando el bien común, concepto este que comprende la calidad del medio ambiente, es la justicia la que está siendo desafiada y con ella, todos los que trabajan en tal sentido.

Si las Medidas Provisorias no observan el Bien Común no cumplen su función y deben perder su eficacia, ya que adoptar medidas en beneficio de una minoría y atentando contra la calidad de vida resulta una aberración jurídica y política.

Consecuentemente, deberán estar alertas las Organizaciones No Gubernamentales, los poderes del Estado, la sociedad y todos los profesionales del Derecho, que no pueden admitir semejante falta de respeto e inversión de valores.

FIN DE LA INFORMACION

 

ALGUNAS Y BREVES CONCLUSIONES

Los acontecimientos más arriba relatados, fueron extraídos de publicaciones científicas o periodísticas de diversas comarcas del planeta recientemente. Existen algunas opiniones que sostienen que poco importa el lugar donde se producen ciertos hechos, Cuba, España o Uruguay, resulta indiferente, sería lo mismo Islandia, Sudáfrica o Singapur.

De plano, no comparto ese concepto, pues la experiencia nos indica que sistemáticamente, los países más pobres son los más desprotegidos y por ende se encuentran sometidos a un estado de indefensión que repercute en forma directa sobre la calidad de vida de sus habitantes que – a la sazón - son ciudadanos y gozan de los pertinentes y reconocidos internacionalmente, derechos humanos, entre ellos el de aspirar a vivir en un medio ambiente sano. Durante el transcurso de la historia, y las más de las veces, a través de intrincadas construcciones jurídicas, se intentó impedir que los habitantes activen el soberano y real ejercicio de aquellas prerrogativas que la ley le otorga.

No obstante, podemos afirmar que la tendencia se va revirtiendo en sentido contrario y tal situación nos permite ser razonablemente optimistas, ya que con la creación de por ejemplo; los derechos de "tercera generación" y la figura de los "intereses difusos", las herramientas para proceder al cuidado de la calidad de vida en forma cotidiana y doméstica se han visto generosamente ampliadas.

Cualquier persona se puede presentar para reclamar por un derrame de petróleo en el río, aunque el peticionante no resida en la costa, o por una construcción que se realiza sin autorización, o por la contaminación sonora que proviene de un establecimiento fabril, o la contaminación visual que provocan los carteles publicitarios instalados a la vera de las autopistas y podríamos continuar con un listado de ejemplos de aberraciones, desgraciadamente.

Sin embargo, estoy convencido que se debe continuar en la senda trazada para enriquecer y profundizar el proceso ya iniciado, dotándolo de contenido a efectos de evitar que se produzca un contrabando ideológico y que nos quieran ofrecer un negro futuro pintado de verde.

Dr. Rubén Marcelo STEFANI

<-- Atrás

Responsabilidad y Derecho de Autor