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Cifras y Letrados (cont.)

 

n La colegiación

En 1534, las Cortes de Madrid acordaron depurar los defectos que se habían apreciado en el Ordenamiento de Montalvo, por lo que decidieron, de nuevo, reunir en un solo volumen todas las disposiciones que estaban vigentes por aquel entonces. Treinta años más tarde, el proyecto culminó en la Nueva Recopilación de las Leyes del Reino que, además de dedicarles treinta y cuatro leyes, estableció la "escritura en la matrícula" (colegiación) de los abogados; una regulación que se mantendría sin apenas novedades hasta el siglo XIX.

Acabada la guerra de la independencia, la inestabilidad política de la época provocó una alternancia en el poder de gobiernos liberales y absolutistas que, por sistema, derogaban la normativa aprobada por los contrarios en cuanto accedían de nuevo al poder. Por ese motivo, la libertad para ejercer la abogacía se aprobó y derogó, sucesivamente, en tres ocasiones (1833, 1837 y 1841). Al final, el triunfo de los de Fernando VII reestableció la colegiación obligatoria y a partir de 1844 se convirtió en requisito sine qua non para que los licenciados en Derecho pudieran ejercer; así lo indicó el antiguo Estatuto de los Colegios de Abogados de 1895 y así continúa vigente en el art. 14 del actual Estatuto General de la Abogacía, aprobado por el Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio: "Para el ingreso en la Abogacía se exige la incorporación al Colegio de Abogados respectivo".

Actualmente, las estadísticas aseguran que sólo 2 de cada 10 estudiantes de Derecho se colegian al terminar la carrera. Esta cifra puede parecer escasa pero, en realidad, esos 2 nuevos letrados de cada promoción se suman a una larga lista con 100.000 abogados colegiados como ejercientes y residentes en nuestro país.

¿Le parecen pocos? Imagine que pudiéramos sentar juntos a todos esos abogados en el estadio del F.C. Barcelona, llenaríamos de togas prácticamente todas las gradas del Camp Nou.

Pero, para que nos hagamos una idea de lo que supone esta cifra, nada mejor que compararla con otra magnitud: con 40.000.000 de habitantes tenemos un abogado por cada 400 españoles; mientras que sólo hay abierta una farmacia por cada 2.000. Es decir, que resulta más fácil contratar a un abogado que comprar aspirinas. Esto explicaría que a los españoles nos gusten tanto los quebraderos de cabeza y que, por esa razón, nuestros juzgados estén habitualmente colapsados con las denuncias entre vecinos por que las ramas de sus árboles están dentro de mi finca, por que el extractor de humos de la cafetería está manchando mi medianería o, el caso real, de aquellos compostelanos que denunciaron a su párroco por que las campanas de la iglesia repicaban demasiado alto por las mañanas.

Como suele decirse, así es como somos.

El trámite para que un licenciado en Derecho se pueda colegiar es muy similar en todos los Colegios españoles y, salvo pequeños matices, sólo se diferencia en la cantidad de dinero que el joven letrado deberá ingresar en la cuenta colegial.

Veamos un ejemplo:

Si un licenciado en Derecho quisiera colegiarse en Valencia capital (la provincia cuenta también con Colegios en las localidades de Sueca y Alcira) debería presentar la siguiente documentación, siempre originales o fotocopias debidamente compulsadas:

  • El título acreditativo;

  • Dos partidas de nacimiento;

  • Un certificado de antecedentes penales;

  • Dos fotografías iguales tamaño carné (los hombres con corbata; las mujeres, no) (¿?);

  • Una fotocopia del DNI; y

  • Una domiciliación bancaria.

(Otros Colegios exigen, además, cumplimentar una determinada instancia, acreditar el alta en el IAE o haber designado un padrino de jura, etc.)

Una vez presentada y revisada toda esta documentación, la secretaría general del Colegio le facilitará el impreso para efectuar el ingreso de la cuota de incorporación: 162.900 ptas. si se colegian como ejercientes; o 139.000 ptas., los no ejercientes.

(Como en el caso de la documentación, estas cantidades también varían de un Colegio a otro, p. ej., puede hablarse de las 131.600 ptas. que cuesta el de Badajoz; las 146.000 del de Jaén; o las 155.000 de Valladolid).

Aparte de esta tramitación, sólo nos quedaría pendiente el régimen de la Seguridad Social: si el letrado va a ejercer por cuenta propia podrá inscribirse en la Mutualidad General de la Abogacía o afiliarse al régimen de autónomos de la Seguridad Social; y si ejerce por cuenta ajena, sólo deberá aportar la certificación de la empresa donde trabaje como abogado en dedicación exclusiva y su número de afiliación al régimen general de la Seguridad Social. En caso de colegiarse como no ejerciente, no tendría obligación de afiliarse por este motivo a la Seguridad Social y su inscripción en la Mutualidad sería voluntaria.

El artículo 25 del EGA también prevé que "(...) todo abogado podrá estar incorporado a cuantos Colegios desee". Lógicamente, esto ocurría hasta ahora y siempre que se abonasen las cuotas colegiales correspondientes; pero este tema se ha visto sustancialmente alterado por un pequeño artículo, incluido poco más o menos que de rondón, en el Real Decreto-Ley 6/2000.

Dentro de las medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno en junio de 2000 figuraba la modificación de la Ley 2/1974 que regula los Colegios Profesionales. La nueva redacción establece que "cuando una profesión se organice por Colegios Territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos (...) para ejercer en todo el territorio del Estado".

¿Qué quiere decir esto? Que, a partir de ahora, los abogados sólo tendrán que colegiarse en el lugar donde tengan su domicilio profesional para poder ejercer donde quieran; es decir, se acaba de aprobar la libre circulación de estos profesionales.

El tiempo nos irá aclarando en qué deriva todo esto, pero por lo pronto se me ocurre que si se suprimen las habilitaciones y deja de ser necesaria la doble colegiación, ¿qué ocurrirá con los ingresos de muchos Colegios? ¿Subirán las cuotas colegiales? ¿Habrá subvenciones? ¿Desaparecerán?

 

n Los Colegios de Abogados

El artículo 3 del Estatuto General de la Abogacía los define como "Corporaciones de Derecho Público (...) con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines."

Actualmente, en España hay establecidos 83 Colegios de Abogados; algunos son tan grandes e influyentes como el de Madrid, con 28.000 colegiados, es decir, un cuarto del total; mientras que otros son tan pequeños como el de Tafalla, con apenas cuarenta letrados, o los de Estella o Lucena, con poco más de cincuenta colegiados cada uno.

Según el artículo 2 del EGA:

"(...) existirá un Colegio de Abogados en cada provincia, con competencia en su ámbito territorial y sede en su capital (...) sin perjuicio de la subsistencia y atribuciones de los Colegios de Partido."

Por ese motivo, en nuestro país existen más Colegios que provincias: porque tenemos 52 ubicados en capitales provinciales mientras que el resto, 31, son los denominados Colegios de Partido, Corporaciones que sólo tienen competencia en su propio partido judicial y que no pueden subsistir si, por lo menos, diez de sus profesionales dejan de residir en el territorio de dicho partido judicial.

Al contrario, el EGA también regula la posibilidad de que, excepcionalmente, puedan crearse nuevos Colegios de Partido. En este caso, deberán concurrir dos circunstancias:

1. Que en el territorio del partido judicial en que se pretende constituir el nuevo Colegio hubiese un número de abogados ejercientes y residentes igual o superior que en el territorio del partido de la capital provincial; y

2. Que una Junta General Extraordinaria del Colegio Provincial afectado votara favorablemente dicha "segregación".

De acuerdo con esa normativa, localidades tan importantes en sus provincias como Puertollano o Benavente, podrían constituir Colegios independientes de los de Ciudad Real o Zamora, por citar dos ejemplos.

Hasta que llegue ese momento, la lista de 31 Colegios de Partido la encabeza la provincia de Barcelona donde se localizan ocho corporaciones distintas: Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliú de Llobregat, Terrasa y Vic, además del de la capital. Los demás se encuentran situados en las siguientes localidades: en la provincia de Alicante, Alcoy, Elche y Orihuela; en Asturias, Gijón; en Cádiz, Jerez de la Frontera; en Córdoba, Lucena; en La Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela; en Gerona, Figueras; en Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife de Lanzarote; en Madrid, Alcalá de Henares; en Málaga, Antequera; en Murcia, Cartagena y Lorca; en Navarra, Estella, Tafalla y Tudela; en Pontevedra, Vigo; en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma; en Tarragona, Reus y Tortosa; en Toledo, Talavera de la Reina; y los ya mencionados Colegios de Alcira y Sueca en Valencia.