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Problemas Jurídicos
del Comercio Eléctronico (cont.)

 

n 3. Ley Aplicable y Arbitraje Telemático

En este punto, necesariamente tenemos que hacer referencia a los parámetros o directrices dados por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) en relación a las jurisdicción aplicable al Comercio Electrónico a nivel internacional. En la Conferencia de Ottawa de 1998 hubo iniciativas de armonizar la legislación mundial en torno a este tema, ya que por ahora los países miembros del OCDE, únicamente cuentan con acuerdos claros en materia fiscal, entre ellos, la tributación del Impuesto sobre el Valor Añadido, también llamado IVA, en el país de origen. La OCDE pretende igualar el trato fiscal dado a los productos dentro y fuera de Internet, considerando al Comercio Electrónico, de acuerdo al tipo de información suministrada. Es importante destacar, que en dicha Conferencia los intentos de armonización del OCDE tuvieron ciertos conflictos con los EE.UU., en virtud de su gran diversidad legislativa (pues cuenta con más de 6,500 jurisdicciones sobre Comercio Electrónico).

Posteriormente, el 16 de junio de 1999, fue publicado por el Comité Económico y Social del OCDE, un dictamen, con relación a la Propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo, y del Consejo, de determinados aspectos jurídicos del C.E. en el mercado interior, entre los cuales pueden mencionarse: la consideración, de que no deben existir, (en principio) marcos jurídicos diferentes para el C.E., cuando ello no esté objetivamente justificado; y admite en lo fundamental, la idea basada en el principio del país de origen.

También advierte la urgente necesidad de crear una red transfronteriza de agencias u órganos unipersonales de defensa del consumidor, que eventualmente tengan la actuación de árbitros en caso de litigio entre consumidores de un país y prestadores de servicios establecidos en otro distinto, lo cual supondría, un sistema más simple, eficaz y barato que la vía judicial. Señalando al arbitraje telemático como la vía jurídica más factible para resolver los conflictos del C.E. En España el procedimiento seguido para acudir al mismo, es igual al que se sigue en el arbitraje de consumo tradicional, sólo tendrá leves variaciones. El sistema consiste en que "el consumidor debe rellenar un impreso en el que expone lo que le ha ocurrido y lo que reclama, junto a la factura del servicio o adquisición que origina la reclamación, enviándose dicho formulario desde el ordenador del consumidor a la Junta Arbitral de Consumo correspondiente. Recibida la solicitud, y al igual que ocurre en el arbitraje de consumo tradicional se comprobará si el comerciante o empresario reclamado está adherido al sistema."14

En España, desde el mes de julio del presente año, tanto consumidores como empresarios, podrán resolver sus diferencias a través de la Red, ya que existen alrededor de 50,000 empresas incorporadas al arbitraje de consumo, de acuerdo a datos del Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Sin embargo, todavía, a nivel mundial, no se ha dictado una legislación que regule con certeza el concepto de localización de la sede social tan importante al momento de dirimir un conflicto internacional de C.E.


14. HERNÁNDEZ, José Mº. La Participación del Arbitraje de Consumo en Internet. INJEF, Madrid, 2000, p.8.