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"El legislador creativo"

Por:

Carlos Pérez Vaquero

(España)

cpvaquero@lexnova.es

A nuestro legislador le gusta baremar, baremizar e incluso, rizando el rizo, fijar la baremización, sea esto lo que sea.

Podría haberse limitado a clasificar, valorar o establecer una serie de baremos, que hubiera sido lo adecuado, pero el legislador demuestra de vez en cuando una inusitada faceta creativa y se inventa palabras que, aunque lo parezcan, no existen en castellano.

Luego veremos más ejemplos de esta "creación lingüística" pero primero conviene que diferenciemos ésta de otras posibles situaciones.

Al tener que dictar normas para regular cualquier aspecto de nuestra vida es bastante comprensible que se escriba clinete donde quería decirse cliente o amdinistración en lugar de administración. Estos errores ortográficos han provocado algunas frases tan curiosas como el Reglamento General de Recasudación, el recocimiento de Derechos o el Tribunal de Cunetas de la Comunidad de Madrid.

Se trata de meros gazapos y suelen aclararse con correcciones de errores (si falló el legislador) o de erratas (si el error provino del Boletín que publicó la norma).

El problema surge cuando estas correcciones no se producen, o peor aún, cuando se dilatan en el tiempo... y el tiempo..., como una Orden de 29 de noviembre de 1995 que se corrigió el 7 de mayo de 1999, apenas tres años y seis meses después; o cuando resulta peor el remedio que la enfermedad y el legislador se vuelve tan farragoso como el 30 de noviembre de 1998 que publicó "la corrección de erratas del Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, etc.". Nada como hablar claro.

Dejando aparte estos deslices, en muchas ocasiones el legislador no tiene más remedio que emplear un lenguaje técnico si lo que pretende es regular la calorización, el calibre de las satsumas, el arte voracero o los agentes adrenérgicos, por poner cuatro ejemplos. Son normas específicas que requieren, lógicamente, un vocabulario también muy técnico.

En estos casos, el legislador suele aprovechar estas disposiciones para desmelenarse regulando las pruebas de socialización, la renovación padronal, las forensías, las facilidades satelitales e, incluso, el acxeleórmetro, un instrumento que, tengo que reconocerlo, no sé qué medirá, pero me tiene entusiasmado y lo utilizo en cuanto tengo ocasión: ¿Tendré leche en el acxeleórmetro?

Los eufemismos son otro caso aparte.

Desde que España es el Estado español y los porteros se convirtieron en empleados de finca urbana, lo que puede decirse con una palabra es señal inequívoca de que eso está mal expresado. Hay que sustituirlo por algo más serio, más denso y más rimbombante. Por eso el legislador ideó un término para sustituir el difícil concepto de multipropiedad por el recordable aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.

Fácil, ¿verdad?

¿Se imaginan el escaparate de las inmobiliarias con un cartel que diga: Se vende casa en régimen de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles? O lo escriben muy pequeño o el letrero saldrá en la próxima foto del meteosat cuando den el mapa del tiempo por la tele.

Por cierto, ¿he dicho cartel? Lo siento, en realidad quería decir poster o... mejor aún: affiche, que debe ser un cartel todavía más fino.

Seamos serios.

A todos los legisladores les encanta marearnos la perdiz y si pueden decir República Helénica buena gana de escribir Grecia. De esta forma, el legislador no inicia las cosas, las inicializa e incluso establece un tiempo de reinicialización. Y el que actúa es actuador; el que obtiene, obtentor; y la acción de regular se dice regularización e incluso regularidación.

¿Dónde vamos a llegar hablando de basicidad total, receptibilidad de los recursos, recogicidad mecanizada, adecuamiento de los procesos, causatividad, centrigar o computacional por citar algunos casos?

Y si titulación era una palabra demasiado sencilla, el legislador creó titulización, que debe ser más adecuada si tenemos en cuenta que hasta existe una Ley de 1992 que la regula.

Como estos ejemplos podríamos citar muchísimos otros como obligatoriedad en lugar de obligación; valorización por valoración; voluntariedad por voluntad; adicionabilidad por adición, etc.

Hasta en el convenio de pesca con Estados Unidos hablamos de abordamiento de buques olvidando que en castellano esa acción se denomina abordaje. ¡Al abordamiento, mis valientes! ¡Si hasta escribe Wáshington con acento!

En otro momento hablaremos de la jurisprudencia donde reina desde hace siglos el periodo subjuntivo, la forma pasiva y términos como la accionabilidad o la administrativización; por ahora, lo último en creación legislativa es el concepto de I+E.

Si ya conocíamos el significado del I+D, investigación y desarrollo, una Orden del pasado mes de julio regula el I+E como los proyectos empresariales promocionados y apoyados por una corporación local o Comunidad Autónoma con el fin de crear actividad económica y generar puestos de trabajo en su ámbito territorial. Es decir, resumiendo, algo así como incentivos para el empleo.

Aparte de todos estos nuevos artificios, el legislador se obceca con algunas construcciones semánticas poco recomendadas. La más habitual de todas se produce cuando emplea el adjetivo de identidad mismo como pronombre deíctico. Por ejemplo: los agricultores podrán utilizar el material vegetal producido en sus propias fincas para su uso en las mismas, sin necesidad de autorización del obtentor de la variedad utilizada o de realizar contribución económica al mismo.

Debería decirse para su uso en ellas y realizar su contribución económica, respectivamente.

Con la próxima legislatura, esperemos que los legisladores adquieran la cartilla de Rubio o que, por lo menos, cuiden un poco más nuestro idioma. Si no es así, como dirían ellos a su estilo, prometualizo escriturizarlo en otro artículo.